“Hechos como el vandalismo y los bloqueos dispararon la inseguridad”

Durante 2021 la fuerza pública de Colombia logró grandes golpes que afectaron a las estructuras y grupos armados ilegales más peligrosos de todo el territorio nacional, aunque también evidenciaron problemas críticos de seguridad tanto en zonas urbanas como rurales.

Destacando los avances que hubo en temas de seguridad y fuerza pública en 2021, el ministro de Defensa, Diego Molano, en entrevista con COLPRENSA, habló sobre los avances que tuvo Colombia frente a los flagelos de inseguridad y narcotráfico, y habló de los principales retos a enfrentar en 2022, esto a puertas de acabarse el mandato del presidente Iván Duque Márquez.

– ¿Qué balance podría hacer usted este 2021?¿Cómo calificaría este 2021 en materia de seguridad desde el Ministerio de Defensa?

Los soldados y policías le respondieron a Colombia frente a las diferentes amenazas y avanzaron en tres partes principales: lucha contra grupos armados y narcotráfico, respondimos frente a los retos de seguridad ciudadana y respondimos frente a las nuevas amenazas ambientales.

El presidente Iván Duque recibió siete grupos armados organizados, hoy quedan cuatro, tres fueron desmantelados: ‘Los Caparros’, con la captura de alias ‘Flechas’; ‘Los Pelusos’, que están siendo desmantelados, ya son reductos de los grupos criminales; y ‘Los Puntilleros’.

Frente a los cuatro que quedan, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y ELN, principalmente, en este año se logró la captura de alias ‘Otoniel’, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, el peor narcotraficante del siglo XXI, después de esa captura más de 200 miembros han sido capturados y se ha iniciado un proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia de ellos.

– ¿Qué otros golpes importantes se asestaron a lo largo del 2021?

Con la neutralización de alias ‘Fabián’ se le da un golpe contundente al ELN, el frente de guerra occidental tenía planes de expansión habiendo hecho un daño tremendo en la Costa Pacífica con el desplazamiento forzado en el bajo Baudó, en el río Atrato y aquí lo que encontramos es que esa neutralización evita esos planes de expansión; y, por supuesto, las disidencias de las Farc, a quienes con alias ‘Ferney’ y otros grupos en el área del Guaviare se les han dado unos golpes importantes, incluyendo la captura de seis integrantes de la Franco Benavides, que son las estructuras que más afectan en Nariño y otra contundente que se hizo en el caso del Cauca y Norte del Valle.

Fueron 1.755 miembros de esas estructuras que se han desmovilizado, este año duplicamos el número de personas sometidas o desmovilizadas llegando así a 655, sobre todo del Clan del Golfo, que han encontrado beneficios jurídicos y a sus familias. Este año 105.000 hectáreas se erradicaron, 650 toneladas de cocaína incautadas, cifra récord, y adicionalmente la destrucción de 1.600 laboratorios de 5.600. Esto implica golpear donde más les duele, en donde más agregan productividad, en donde ellos más han crecido y buscan proteger.

– ¿Cuáles son las otras cabezas que vienen, a que le está apostando el Gobierno en este momento frente a esos delincuentes?

En el caso del Clan del Golfo, las operaciones en contra de alias ‘Chiquito malo’ y alias ‘Siopas’, que están ahí, la captura de ‘Otoniel’ es el inicio de esa estructura y vamos por esos reductos. Como quedaron fuera de circulación ‘El Paísa’, ‘Santrich’ y ‘Romaña’ la Segunda Marquetalia está muy debilitada. La información que tenemos de inteligencia es que Iván Márquez está en Venezuela con intenciones de salir hacia Cuba o Nicaragua, no lo ha logrado, pero lo que es prioridad para el Gobierno es seguir con la ofensiva en contra de las disidencias de las Farc en Colombia, para evitar esos planes de expansión y negocios del narcotráfico. Donde hay narcotráfico, solo hay muerte y destrucción.

– ¿En el caso de la seguridad ciudadana?

Respondimos a la inseguridad ciudadana, es claro que durante épocas de los paros hubo manifestaciones pacíficas que respetamos y acompañamos, pero también hubo hechos de violencia como el vandalismo y los bloqueos que dispararon la inseguridad ciudadana, frente a eso respondimos primero protegiendo la manifestación pacífica, pero también capturando a quienes generaron vandalismo y violencia; son 250 miembros de la primera línea los que están siendo judicializados y están en la cárcel por destrucción de calles, del sistema de transporte público, por atentados terroristas, por afectaciones a la integridad de policías, de civiles y afectación a propiedad privada.

Posterior a los hechos de vandalismo comenzamos a evidenciar que eso generó incrementos en los homicidios en Colombia, primero por conformación criminal que se dio después del vandalismo y bloqueos, donde grupos de microtráfico resultaron armados, pero también por las consecuencias y efectos negativos del poscovid, se incrementó la pobreza, el desempleo, eso tiene unos efectos en violencia, inclusive en problemas de salud mental, eso ha pasado en Colombia y en todos los países del mundo, lo hemos visto en ciudades como Nueva York, aquí en América Latina, por eso respondimos con un plan de contención del homicidio que implicó un despliegue operativo a nivel nacional para contener el homicidio y delitos especiales, en siete ciudades se concentraron policías, designación de generales, comandos, eso a pesar de que aún no hemos recuperado la tendencia, se logró sobre todo en noviembre y diciembre disminuir la tasa de homicidios y de los otros delitos de impacto también comenzaron a reducirse.

Sacamos la ley de Profesionalización del patrullero que permite tener mejores patrulleros, el Código Disciplinario que permite ser más exigentes en las investigaciones y comportamientos de la Policía y la ley de Seguridad Ciudadana para dar respuesta a problemas de inseguridad en los reincidentes, a los que cometen este tipo de destrucción, a aquellos que utilizan el cuchillo, arma blanca o las armas traumáticas, que son las que más generaron violencia.

– Desde el Ministerio se destaca mucho el trabajo que se hizo en el tema medioambiental. ¿En qué consiste?

Es un tema novedoso y es que por primera vez el agua, la biodiversidad y los bosques se convierten en un activo a proteger por la fuerza pública, creamos la campaña Artemisa, comenzó a producir resultados importantes. El cambio climático tiene entre sus ejes el control de la deforestación, esta campaña busca controlarla y gracias a esta se logró reducir en un 30 % del área potencialmente que se deforestaría en Colombia, se logró inclusive empezar a hacer judicializaciones, la Fiscalía imputó a alias ‘Iván mordisco’, de Gentil Duarte, por delitos ambientales. En la última operación Artemisa se protegieron 1.200 hectáreas, son 200.000 toneladas de CO2 que no se emitieron a la atmósfera y que también trabaja contra la minería ilegal que contamina los ríos.

– El tema de los grupos armados en el Catatumbo y en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, fue un problema de seguridad durante 2021, con una serie de atentados, incluso hasta al propio presidente Iván Duque. ¿Qué están haciendo, cómo se está controlando la situación?

En 2010 deberían haber unos 25.000 hombres de grupos armados organizados, después del acuerdo de paz quedaron unos 13.000, la mitad en armas y los otros en redes de apoyo, eso significa que la tendencia ha disminuido, por supuesto se ha concentrado en unas zonas como Catatumbo, Nariño, Caquetá, el Guaviare, Putumayo. En la frontera es donde más se concentran los hechos de violencia, especialmente en Catatumbo tenemos un reto muy grande y es la mayor cantidad de hectáreas de coca, esos grupos que quedan aún se las disputan.

En Catatumbo tenemos tres retos: combatir a las organizaciones criminales, desmantelar su negocio, tienen 40.000 hectáreas de coca y desafortunadamente otro reto es que en el otro lado de la frontera el régimen de Maduro proteja estos grupos terroristas y permita actividades de narcotráfico, sobre todo con pistas clandestinas. En tercer lugar debemos capturar a sus miembros.

Cada vez que se presenta un atentado terrorista hay capturados, pero por supuesto los cabecillas están del otro lado, ese es el desafío mayor de seguridad que tenemos en Colombia, en el comando de Norte de Santander fueron agregados 13.000 hombres para combatir esos factores. Adicionalmente venimos trabajando con inversión, la transversal del Catatumbo que comienza a construirse, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

– Salió un informe de Indepaz que evidenció 92 masacres en 2021 ¿Qué está pasando con los líderes sociales, qué está haciendo el Gobierno para protegerlos?

Ningún colombiano debe morir por actos violentos, ese es el objetivo ideal, sin embargo después del acuerdo de paz quedaron actos de grupos armados, todavía tenemos un país con condiciones de violencia que tiene amenazas y frente a eso actúa la fuerza pública. Es importante ver el contexto, el número de homicidios colectivos se redujo en 12 % entre 2020 y 2021, el número de homicidios múltiples permaneció igual, no debió haber ninguno, pero hubo un factor de control.

Estos homicidios se originan casi en un 60 % por disidencias o grupos armados, por eso la importancia de combatir esas estructuras criminales, la segunda razón es por disputas criminales de bienes y narcotráfico. También se apoyan procesos de judicialización y se les dan medidas de protección, el Gobierno sacó un Conpes de protección de líderes sociales, una protección integral que involucra desde la formación y capacitación, el seguimiento individual, las medidas de protección.

– Hace semanas fueron revelados dos informes de la ONU que evidenciaron que en los paros nacionales se presentó violencia desmedida por parte de la fuerza pública, eso justo cuando se estaban haciendo ascensos en la Policía y el Ejército ¿Qué balance hicieron ustedes internamente de esos informes?

Lo primero es que en Colombia nuestra fuerza pública a las manifestaciones pacíficas las respetan y las deben garantizar como está establecido en la Constitución. Entre el 28 de abril y el primero de julio se dieron más de 15.000 manifestaciones pacíficas, todas ellas acompañadas por la fuerza pública, en 1.500 oportunidades, un poco más, se dieron hechos violentos que alteraron el orden público, que obligaron la actuación del Esmad, aquí lo que se busca es restablecer el orden, esas no son manifestaciones pacíficas.

Cuando se destruye un CAI, un sistema de transporte público, cuando se lanza una bomba molotov, cuando hay un ataque a un servidor público o un daño en bien privado, el Estado tiene que actuar para restablecer los derechos de los demás. Aquí hubo unos hechos violentos graves, inconformismo social sí, a lo cual se respondió con diálogo y el Pacto Joven del Gobierno, pero frente a la violencia había que actuar. Yo lamento esa violencia profundamente, que más de 1.500 civiles hubieran salido heridos, que más de 1.700 policías hubieran salido lesionados, por eso es claramente importante en estos informes entender el contexto.

No podría afirmarse que se buscó coartar la manifestación, porque las actuaciones se dieron en donde hubo hechos de violencia ilegal, por eso la judicialización de los de la primera línea es por la destrucción en bien público y privado por actos terroristas. Hemos dicho cero tolerancia contra todos aquellos servidores públicos que manchan el uniforme, se abrieron más de 180 investigaciones en estos casos, muchas de ellas cerradas y las más graves fueron adoptadas por la Fiscalía o la Procuraduría frente a lo cual la Policía ha hecho todas las investigaciones.

Especialmente en el informe que hizo un consultor independiente y que en el mismo día que lo saca se convierte en candidato al Senado y hace afirmaciones de que hay una masacre policial, para mí son inaceptables, aquí no puede suplir un informe a la Fiscalía, que es la autoridad que define quién fue el responsable en condiciones de modo, tiempo y lugar. En los informes hemos participado activamente, recomendaciones que han sido adoptadas, valoramos cuando son hechos de forma objetiva, cuando hacemos recomendaciones y se puede contraargumentar, en el otro caso consideramos que tenía problemas de legitimidad, pero no hemos dejado de responder.

Por eso medidas como la ley de profesionalización, que por ejemplo los policías van a tener que certificar sobre el uso de la fuerza, cómo se manejan las armas, sobre procedimientos policiales, derechos humanos. También se aprobó un nuevo régimen disciplinario que permite que la inspección investigue faltas graves y gravísimas, cualquier ciudadano puede interponer una denuncia a un policía y le hace seguimiento por internet.

– ¿Qué tanto se va a ver beneficiado el colombiano, la gente de a pie con estas reformas que se dieron por todo lo que pasó en estos últimos tres años con la protesta social ?

Estas reformas van a resultar en que tengamos mejores policías y mejor seguridad para los ciudadanos, ¿Qué reclaman los ciudadanos? los reincidentes, con esta ley cuando la policía capture, el juez ya tiene un instrumento para dejarlo en la cárcel mientras es juzgado, de modo que no salga a delinquir.

Los ciudadanos van a ver menos posibilidad de que comentan delitos, porque son más exigentes las penas frente a, por ejemplo, quien destruya Transmilenio, una estación, o a quien cometa un delito con arma blanca, hoy es una conducta agravada que hace que la pena sea intramural, va a haber menos disposición de armas traumáticas y garantía de control del monopolio de las armas en el Estado. Va a haber un mecanismo de transparencia de la Policía, hay un uniforme en donde está clara la identificación del policía, el código de barras que dice a donde pertenece, cuando saque un arma del cuerpo, que está de la menos a la más letal, se va a activar una cámara que grabe el procedimiento que dará claridad a todo esto.

– En el tema de los reincidentes, usted aseguró que serán judicializados, ahí estamos hablando de los colombianos, pero en el caso de extranjeros y migrantes ¿Cómo está actuando el Gobierno, además de lo que se ha hecho con el Estatuto Temporal, qué pasa con los que no están legalmente en el país y atentan contra los colombianos?

El número de delitos cometidos por extranjeros corresponde al 7 % de la totalidad de los delitos, sin embargo en la ciudadanía hay una gran preocupación frente a los extranjeros. La mejor forma de actuar es combatiendo las estructuras criminales y judicializados, por eso es tan importante el Estatuto con esa decisión valiente y humanitaria de apoyar a 1,8 millones de venezolanos que están en Colombia, también le aporta a la justicia y seguridad social, permite individualizar y judicializar en el territorio nacional, la entrega de este permiso hará que al que capturen pague, y hasta con cárcel, los delitos cometidos en Colombia, antes eso no se podía hacer, es un instrumento de seguridad y justicia.

– La gente de igual forma sigue muy preocupada por ese tema ¿Cómo brindarles más seguridad a las persons para que realmente se sientan protegidos?

Hay una realidad y es que nosotros necesitamos incrementar el pie de fuerza y la gente quiere ver más policías en las calles, por eso hemos incrementado el pie de fuerza. Solo el caso de Bogotá trajimos 1.500 policías para un plan de contingencia y estarán hasta finales de enero, además les dimos 500 policías y 1.000 adicionales, los primeros en investigación y judicial, porque hoy los crímenes los cometen son organizaciones criminales que toca desmantelar y otros que van a reforzar. Teníamos un déficit de policías y logramos incrementar recursos para traer 33.000 policías nuevos.

Se están integrando comandos para desmantelar organizaciones que están cometiendo crímenes específicos, en Bogotá el microtráfico creció mucho, lanzamos el plan 100 contra el microtráfico para derribar las ollas porque alrededor se genera el círculo del mal. También surgieron los motoladrones, se creó el escuadrón de motoladrones y capturamos a los que estaban, también se creó el escuadrón antidisparos que ha venido dando resultados, siempre faltará más, pero hemos venido avanzando en esa dirección.

– Viene un reto muy importante, que es la seguridad de las elecciones del próximo año. ¿Qué se viene trabajando para la seguridad de los candidatos y para las organizaciones?

La instrucción del Presidente de la República es darle todo el apoyo a las elecciones, para dar garantía de la democracia a todos los candidatos, los partidos, que puedan participar en esta. El plan Democracia se puso en operación, inclusive desde las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y permanecerá a lo largo de todo el semestre con las elecciones del Congreso, las consultas, la primera y la segunda vuelta.

Casi todo el plan está hecho, hay un dispositivo planeado, de modo que se puedan dar garantías de seguridad de tres niveles: en cada puesto de votación, en la movilización del material de las elecciones e inclusive seguridad cibernética y también la protección para los candidatos. Lo nuevo es que hay que fortalecer la seguridad rural, hay nuevos puestos rurales y nuevos distritos que van a surgir alrededor de las 16 curules de paz que se eligieron para las víctimas, eso hace una nueva configuración.

Ya están los planes, están distribuidas las tareas de toda la fuerza pública que estará involucrada activamente en la protección de la democracia. En definitiva, habrá unas medidas especiales para los candidatos de las circunscripciones de paz, unas las maneja la Unidad de Protección y otras desde lo rural, transporte, movilizaciones al interior de esas zonas por parte nuestra fuerza pública.

– ¿Hay una alerta especial frente a alguna situación de orden público que ya se esté evidenciando para esas jornadas electorales?

Hasta ahora no hay ninguna alerta al respecto, pero por supuesto mantendremos un puesto de mando unificado en el que se recopilarán todas las alertas y en nuestra junta de inteligencia también comenzaremos a hacerle seguimiento a todo el proceso de elecciones, de modo que haya medidas preventivas frente a cualquier hecho que se pueda presentar para alterar el orden público y la dinámica de las elecciones.

– ¿Qué otros retos tiene el Ministerio de cara al cierre de la administración del presidente Duque?

Tenemos un reto y es continuar frente a la lucha de los grupos armados organizados, desmantelar el Clan del Golfo, el ELN, la disidencias de las Farc, es una prioridad, porque son la mayor amenaza para Colombia, son los símbolos del mal, mantendremos operaciones en contra de ellos y su fuente de financiación, que es el narcotráfico.

La implementación de todas las medidas de seguridad ciudadana especialmente en las grandes ciudades en donde más cometen los delitos que tanto afectan a los ciudadanos, por último la sostenibilidad y la permanencia de la campaña Artemisa, esto que está haciendo Colombia y que es pionero en el mundo, no hay ninguna fuerza militar que esté haciendo la tarea, la vamos a dejar como una gran campaña de Colombia contra el cambio climático y la preservación de nuestra biodiversidad.

/Colprensa