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Con el fin de desarrollar iniciativas integradoras, del pilar ocho de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), invitan a las organizaciones sociales de 20 municipios a postular sus proyectos.
El objetivo es diseñar y desarrollar acciones que aporten a la dinamización comunitaria, integrando la participación de mujeres, jóvenes, población étnica y víctimas de los municipios de Briceño, Remedios, Tarazá y Valdivia (Antioquia); Albania, Cartagena del Chairá, Morelia, Solano y Solita (Caquetá); López de Micay, Mercaderes, Piendamó y Suárez (Cauca); Cotorra, San Carlos y Valencia (Córdoba); y Cumbitara, Olaya Herrera, Policarpa y Ricaurte (Nariño).
Podrán participar organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, defensoras de derechos humanos,
ambientales, culturales, de jóvenes, de mujeres, de víctimas y de personas en proceso de reincorporación domiciliadas en los departamentos priorizados.
Las organizaciones participantes deberán analizar los Pactos Municipales para la Transformación
Regional (PMTR) y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) relacionados con los
municipios PDET que se han priorizado.
A partir de tales instrumentos habrán de identificar (por su código numérico y título) las iniciativas
PDET del pilar 8 a las que pueden aportar sus proyectos.
El tiempo de ejecución y duración de las actividades planteadas en la iniciativa no debe exceder los tres meses.
Los interesados podrán obtener mayor información escribiendo al correo electrónico iniciativajusticialocal@undp.org.
La postulación de los proyectos empezó el lunes 6 de diciembre e irá hasta el 7 de enero de 2022. Las propuestas se evaluarán entre el 10 y 14 de enero de 2022.
Los Modelos de Justicia Local y Rural son una estrategia de gestión liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que permite formular e implementar acciones que respondan de manera pertinente a las necesidades reales de justicia de los territorios, garantizando así el acceso efectivo a la justicia.
/Colprensa