Concertación para reactivación democrática

Es impresionante la fuerza social que anima a Colombia. Los trabajadores que nunca pararon pese a la pandemia, quienes se reinventaron en días, los empleadores que decidieron pasar la crisis salvando el empleo, el compromiso de los servidores públicos y la reacción de las instituciones de protección social.

Según cifras PILA, en el último mes se recuperó el nivel de afiliaciones a la seguridad social contributiva registrado antes de la pandemia. Ello indica que más de 10 millones de trabajadores dependientes cotizaron. Al mismo tiempo se proyecta un crecimiento anual para el país del orden del 7%. El indicador de confianza empresarial registró un 63.7% en octubre, el más alto histórico. La reactivación se evidencia en la movilidad de los sectores, pese a los efectos contrarios producidos por el encarecimiento de los precios y la inflación.

En ese escenario, inicia la negociación del salario mínimo, proceso que se caracteriza por ser protocolario y coyuntural, antes que una instancia de construcción conjunta y permanente de políticas laborales y salariales, como lo quiso el constituyente de 1991. Y en paralelo, cursa el calendario electoral 2022, evidenciando polarización, dispersión y desinterés programático y ciudadano.

Cerca de cruzar el desierto de la pandemia, emerge la oportunidad esperanzadora de activar la concertación social en el país y construir los fundamentos del estatuto del trabajo, que debe adoptarse por mandato del artículo 53 de la Constitución.

Más allá de la discusión sobre el incremento del salario mínimo, materia en la que aplican orientaciones legales y jurisprudenciales, por las cuales es obligatorio asegurar que se cubra al menos la inflación causada en el año anterior, para asegurar que no se pierda la capacidad adquisitiva de los trabajadores por ese concepto, debieran comprometerse gobierno, sindicatos y gremios, en definir participativamente el rumbo de la promoción social y el desarrollo económico del país.

Capacidad de diálogo, renuncias a intereses propios, visión de futuro y compromiso con lo social, deberían guiar esta acción para animar una nueva forma de actuar en el país, que supere la idea según la cual se impone el que más fuerza tiene.

Pensar en manejos progresivos y flexibles de incremento para el salario o recurrir al uso de prestaciones adicionales, como el subsidio familiar, el cual por demás hay que potenciar y aprovechar teniendo en cuenta su carácter de salario social territorial, estimular la negociación colectiva y construir una estrategia prioritaria para la formalización laboral y la protección social para todos -empezando con los contratistas del Estado-, son algunas de las materias que debieran marcar la agenda de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Su consideración la reclama el país y constituiría el mejor legado para el nuevo gobierno, pues hacer viva la constitución social es tarea que trasciende un cuatrienio -lo que no se ha comprendido-, impidiendo la consolidación de un pacto social fundamental por la justicia y el desarrollo.

Este mensaje serviría además para que los liderazgos políticos parciales salgan de la comodidad de las pequeñas causas y transiten a un terreno de construcción colectiva, que supere el propósito figurativo de alcanzar el porcentaje mínimo necesario en las encuestas.

Es la hora de aglutinar en torno a la causa de un país que, como lo expresaba Gaitán, es superior a sus dirigentes. Sin ese liderazgo político, Colombia se levanta sobre la pandemia con decisión, ¿hasta dónde podría llegar si emergiera un liderazgo superior, democrático y dialogante, generoso, ponderado en el debate, enérgico en el cumplimiento de la Constitución y abanderado de los derechos?

*Exviceprocurador general de la Nación