Avanza el proceso en la Corte Suprema contra el gobernador del Magdalena

En la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza el proceso que se sigue en contra del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en la demolición de cinco puestos de salud, en hechos ocurridos cuando se desempeñaba como alcalde de Santa Marta, en el año 2014.

Esta semana, el magistrado Jorge Emilio Caldas, escuchó en medio de dos audiencias preparatorias, los argumentos de la Fiscalía para involucrar como responsable a Caicedo, en el desarrollo de esas obras públicas.

En las diligencias, la fiscal Johana Garzón aseguró que durante el juicio se van a presentar al menos 98 pruebas contra el Gobernador, entre las que se encuentran al menos 16 entrevistas y más de 80 documentos que explicarían las presuntas irregularidades en la demolición de los centros de salud.

Así mismo, el ente acusador aseguró que, por lo anterior, el mandatario, sería responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado y contratación sin el cumplimiento de requisitos legales.

“La demolición de los puestos de salud y la remodelación por un periodo largo ocasionó traumatismo en la prestación del servicio de salud de la población vulnerable de Santa Marta”, dijo la Fiscalía, quien agregó que en ese momento no se disponían de conceptos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social cuando se procedió a derribar las infraestructuras.

Cabe recordar que todo lo anterior surge, luego de que en el año 2014, Carlos Caicedo como alcalde de Santa Marta, adjudicó un contrato por un valor de $6.537 millones para la demolición y construcción de cinco puestos de salud y esta investigación la adelanta la Corte, dado que adquirió el cargo como gobernador.

Así mismo, en relación a estos hechos, en junio de 2020, la Fiscalía General, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del gobernador y del exalcalde de Santa Martha, Rafael Alejandro Martínez.

Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, según la Fiscalía, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en dichos contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue terminado.

Las próximas audiencias continuarán el próximo 9 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde.

/Colprensa