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Uno de los resultados más impactantes de la encuesta reciente de Invamer es la percepción que existe entre los colombianos sobre el deterioro de la seguridad. El 96 % de los encuestados considera que la inseguridad en el país está empeorando. ¡96 de cada 100 se sienten más inseguros! Esa percepción se aceleró en este año, después de haber caído a su nivel histórico más bajo en los meses más duros del confinamiento, cuando el porcentaje de empeoramiento fue del 54 %. Es muy importante tener en cuenta que esta percepción de inseguridad es urbana, de acuerdo con la ficha técnica del sondeo que se hizo en las cinco principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga).
El sentimiento de inseguridad se ha agudizado por las impactantes noticias, videos e imágenes difundidas en las redes sociales y medios de comunicación, que muestran asaltos masivos y a mano armada, en restaurantes y buses, así como atracos callejeros, cada vez más violentos, que han costado la vida a varios ciudadanos. Pero hay que reflexionar, antes que nada, acerca de la realidad de la inseguridad, más allá de lo que pueden percibir los habitantes de las ciudades colombianas. Al fin y al cabo, la percepción de seguridad es producto de una combinación de factores, algunos de ellos subjetivos, como la sensación de vulnerabilidad que deja la pandemia frente a la vida, la salud y, también, el futuro.
Por otra parte, dentro de las causas objetivas se encuentran el aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza que provocó la recesión. Las estadísticas policiales, aunque solo reflejan los delitos denunciados y tienen subregistros de algunos de ellos, como el atraco y la violencia sexual, son una aproximación bastante cercana de las dinámicas del crimen y la violencia. Dichas cifras muestran que, en 2020, la pandemia y el confinamiento tuvieron efectos positivos, paradójicamente, sobre la seguridad. Pero en 2021 la situación cambió radicalmente. Según la Fiscalía, durante este año cada hora se han cometido al menos 30 hurtos a personas, con 139.900 víctimas en los primeros siete meses. Bogotá es, de lejos, la ciudad del país con las peores cifras: al menos 40 mil capitalinos han denunciado ante la Fiscalía.
Existe una estadística contundente que muestra que el asunto de la inseguridad no es solamente una percepción: se ha dado un incremento de las muertes violentas tanto en áreas urbanas como en aquellas rurales. En el primer semestre de 2021, las muertes violentas aumentaron 24 % comparadas con el mismo período de 2020, de acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El deterioro de la seguridad es una más de las terribles secuelas que deja la pandemia, originada en los daños permanentes que esta provocó sobre las estructuras económicas y sociales, daños que, a su turno, aumentaron los riesgos en salud, educación y empleo de los colombianos.
Combinado con un problema enorme del diseño institucional del aparato de Justicia, que permite altos niveles de impunidad, se produce una situación tan preocupante como la que estamos hoy viviendo. La respuesta a la inseguridad debe ser el fortalecimiento de las entidades políticas y técnicas que tienen que ver con el fenómeno. Los mandatarios locales y el gobierno nacional deben crear planes de choque para enfrentar esta suerte de crisis de seguridad que se está viviendo. No se saca nada con ignorar o soslayar lo que están percibiendo los colombianos, porque se trata de algo que tiene un fundamento real, tan real que está ganando importancia dentro de la lista de problemas que los agobian. También podemos discutir de forma interminable sobre las causas: sobre si fueron las protestas las que generaron el crimen o sobre si la efectividad de la Policía o el aparato de Justicia son los que están fallando o si son ambas cosas.
Lo que es indiscutible es que hay una profunda crisis de confianza en las instituciones. Esta crisis la agravó la protesta y la respuesta represiva de la fuerza pública, que dañó las relaciones con colectivos enteros de la sociedad colombiana, comenzando por los jóvenes en situación de desempleo y desescolarizados. Hasta que no se recobre esa confianza en la Policía Nacional, en la Fiscalía General y en los jueces, la percepción de seguridad no mejorará en Colombia.
* Internacionalista