Piden archivar de manera definitiva proyecto de minería en Santurbán

La ANLA decidió archivar el estudio de impacto ambiental presentado por Minesa por consideraciones técnicas relacionadas con el área de influencia, el plan de manejo de riesgos y las consideraciones sobre hidrología e hidrogeología.

En un debate de control político en defensa del Páramo de Santurbán, senadores de la república y organizaciones de la sociedad civil le pidieron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA que niegue de manera definitiva la licencia que permitiría a la empresa Minesa desarrollar su proyecto minero en la zona del páramo.

La ANLA decidió archivar el estudio de impacto ambiental presentado por Minesa por consideraciones técnicas relacionadas con el área de influencia, el plan de manejo de riesgos y las consideraciones sobre hidrología e hidrogeología.

Sin embargo, los senadores citantes al debate afirmaron que esta parece ser otra estrategia del Gobierno y de la ANLA para dar vueltas al proyecto de minería en Santurbán.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, afirmó que el archivo del trámite deja un sabor agridulce, pues con la información del estudio de impacto ambiental queda claro que es inviable mitigar los efectos negativos de este proyecto en el páramo, por lo que la ANLA debió negar desde ya la solicitud y la posibilidad de ejecutar este proyecto.

A su vez, el senador Antonio Sanguino denunció que esta es una medida temporal, pues Minesa puede apelar el trámite o, como ocurrió en anteriores oportunidades, comenzar un nuevo trámite para obtener la licencia para el proyecto de minería en el páramo.

Otros senadores denunciaron que la decisión de la ANLA es una medida que no da certezas y que sólo buscaba bajarle el tono al debate que ya se había agendado esta semana para discutir sobre la protección del Páramo de Santurbán.

No al proyecto de minería

Los senadores denunciaron que con su proyecto de minería, Minesa extraería 67 millones de toneladas de oro, usando más de 35 mil toneladas de explosivos, método que tendría un fuerte impacto en el territorio de alta montaña, clave para varias cuencas hidrográficas del país.

Aseguraron además que el proyecto está planteado para 25 años: 4 años de construcción y 21 de extracción.

Denunciaron que parece increíble que se estudie otorgar una licencia ambiental cuando el único estudio del impacto del proyecto lo ha realizado la misma empresa. Además, afirmaron, no existe un estudio sobre cómo se verá afectada la hidrología en la región ni se ha adelantado el proceso de delimitación del páramo, que además, no garantizará que no se afecte todo el ecosistema, incluido el páramo y los bosques.

Según los senadores, a pesar de que el Ministerio de Minas asegura que con este proyecto crecerán entre un 6% y un 8% los beneficios por regalías, en 21 años del proyecto sólo generarían 1.2 billones de regalías en oro, es decir, 57.000 millones al año.

También se denunció que el proyecto de minería en Santurbán sería la puerta de entrada de proyectos semejantes que son ecológicamente inviables para el país. “Agua sí, oro no”, fue el llamado de quienes exigieron que se frene de manera definitiva el proyecto en Santurbán.

El senador Guillermo García Realpe recordó que la petición de terminar con este proyecto se basa en el principio universal de precaución, según el cual se debe suspender la toma de decisiones cuando estas suponen un riesgo o daño para el medio ambiente o para la salud de las comunidades.

Denuncias contra el Gobierno

Andrés Cristo, senador del Partido Liberal, hizo fuertes críticas a la legislación ambiental en Colombia, y afirmó que al ser tan laxa deja vacíos en la prevención y evaluación de los daños ambientales de los proyectos.

Cristo pidió que el Gobierno Nacional revise la reglamentación, pero sobre todo que se le informe a los departamentos lo que puede ocurrir en caso de que los proyectos se lleven a cabo y quién será el responsable de cubrir los daños que se causen con esa explotación.

Denunció que las autoridades en materia ambiental sólo han servido de intermediarios de la empresa interesada y que no son capaces de resolver y dar soporte a todas las inquietudes y solicitudes que le surgen al pueblo colombiano con este proyecto de explotación minera.

Cristo le pidió a la ANLA que explique bajo qué normatividad se está trabajando y al Ministerio de Ambiente que se encargue de defender y hacer valer las políticas ambientales del país.

Las respuestas del Gobierno

“Lo que hemos hecho es transparente, es el resultado de la aplicación de la normatividad”, aseguró a su turno el director general de la ANLA, Rodrigo Suarez.

El director de la entidad afirmó que se tomó la decisión de archivar el proyecto pues no había información suficiente para tomar una decisión de fondo, es decir, la información no permitía definir si se daba viabilidad o por el contrario se debía negar la solicitud, por lo que se procedió a su archivo.

“Identificamos que la información no era suficiente para tomar una decisión de fondo, ya sea la viabilidad o negación de la solicitud”, afirmó.

Suarez resaltó que la ANLA viene trabajando en el estudio de esta licencia con un equipo de categoría, que debe trabajar con la razón y no con el corazón y tomar decisiones basados en las características técnicas.

Afirmó además que no parece justo tildar el proceso como poco transparente, pues toda la información del proyecto está disponible y ha sido notificada a los involucrados.

El director hizo un llamado a la tranquilidad y a la transparencia y afirmó que la decisión de archivar el proyecto no es una jugada ni una estrategia, sino es el resultado de la implementación y el uso del marco normativo.

Por su parte, el recién posesionado ministro de Ambiente, Carlos Correa, destacó el compromiso del gobierno nacional en la protección de las 3 millones de hectáreas que ocupan las zonas de páramo en el país.

Además, afirmó que a la luz de la ley se prohíbe la explotación y ejecución de actividades mineras en ecosistemas de páramo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las comunidades que habitan estas zonas.

Correa también explicó que el proceso de delimitación que se adelanta sobre el Páramo es distinto al de licenciamiento. «Es un acto general que tiene como propósito ordenar ambientalmente el territorio, sin un interés o petición particular”, afirmó el ministro.

“La protección del recurso hídrico es un derrotero ineludible de este Gobierno. Por eso se negociarán 33 medidas para la protección de este recurso”, aseguró Correa.

Correa aseguró que la licencia del páramo es una decisión autónoma de la ANLA y afirmó que se está tomando la decisión correcta para proteger todos los ecosistemas de páramos en Colombia.

/Colprensa.