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El gobierno español y las autoridades regionales de Madrid alcanzaron un «principio de acuerdo» para endurecer las restricciones y tratar de atajar con ellas la progresión del coronavirus
Después de días de tensión entre el ejecutivo central y el regional, de signo político opuesto, el ministro socialista de Sanidad, Salvador Illa, compareció en rueda de prensa para decir que este último «ha aceptado las recomendaciones del gobierno» de extremar las medidas en Madrid, epicentro de la pandemia en España.
Dicho endurecimiento se traducirá en «medidas de limitación de la movilidad, de limitación de los contactos sociales», y también en una «limitación de aforos y horarios», dijo sin dar más detalles.
Dichas restricciones se darán allí donde se den tres criterios: una incidencia del virus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, una tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos de más del 35%, y una positividad en pruebas PCR de detección de más del 10%.
Criterios que se dan en la capital y en la mayor parte de la región de Madrid, donde el ministro calificó la situación de «muy preocupante», con tasas de incidencia en algunos puntos de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Antes de entrar en vigor, la medida deberá ser aprobada este miércoles por el conjunto de las 17 regiones del país, lo que conllevará restricciones adicionales en cualquier punto de España donde se superen esos umbrales.
El ministro se mostró optimista en cuanto a esa aprobación, y dijo haber visto «un ambiente propicio» entre los consejeros regionales de Salud.
«Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus», dijo a su vez el vicepresidente regional madrileño, Ignacio Aguado, confiado en que «se ratifique» la iniciativa este miércoles a nivel estatal.
Si sale adelante el dispositivo, se ampliarán notablemente las restricciones en la región de Madrid, donde cerca de un millón de personas (de un total de 6,6 millones) están ya sometidas a limitaciones, en virtud de las cuales sólo pueden salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio.