Defensa de Uribe pide que su caso pase a la Fiscalía 

A través de una carta, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, argumentó a la Sala Penal de la Corte Suprema las razones que demuestran que su caso debe pasar de manera inmediata a la Fiscalía.  

Este documento debe ser respondido en un plazo máximo de cinco días y fue presentado después de que Uribe renunciara a su curul en el Senado, alegando que su detención domiciliaria es abiertamente arbitraria y sin fundamentos legales.

Granados aseguró en la carta que el caso de Uribe deja de ser competencia de la Corte y pasa a ser tarea de la Fiscalía pues las conductas por las que es señalado e investigado, es decir los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, no tienen vínculo con su función de senador.

«Las conductas punibles que son objeto de investigación ningún vínculo tienen con el desarrollo de esta función, pues los hechos no se enmarcan dentro del trámite de algún acto desarrollado por el doctor Álvaro Uribe para realizar control político al gobierno de la época», señaló Granados.

Esta tesis fue explicada por el penalista bajo el hecho de que la denuncia presentada por el expresidente Uribe contra Iván Cepeda por manipulación de testigos, se radicó cuando este no era congresista y aclaró que no es cierto que el caso en contra de su cliente haya tenido como origen un debate de control político en el Senado en 2014.

«El proceso 38.451, derivado de la denuncia que el doctor Álvaro Uribe Vélez presentó en contra de Iván Cepeda no surge con ocasión del mencionado debate de control político promovido por Cepeda, pues la denuncia ya había sido presentada desde el año 2012, siendo admitido mi prohijado, desde ese mismo año, como Parte Civil, en ese proceso», agregó.

Además, el abogado expuso, citando fechas, que los testigos que rezan en el expediente no tienen vínculo con aquel debate realizado en 2014.

«Los hechos que son materia de investigación, dentro de este radicado, el 52.240, se ubican temporalmente en el año 2017, en lo que respecta a Carlos Enrique Vélez, y 2018 en lo que respecta al resto de hipótesis fácticas (Monsalve, Juan Carlos Sierra, Hilda Niño, Harlington Mosquera, Internos de Cómbita, Racumín, Alias Fosforito)».

En ese orden de ideas, indicó que no se presenta ninguna conexión temporal y funcional de los hechos y agregó que los delitos por los que es investigado Uribe  tampoco tienen relación con la función electoral, de protocolo, constitucional, administrativas y demás potestades que asisten al Congreso y a sus miembros.

En la carta, Granados también citó casos en que la Corte ha perdido la competencia de investigar delitos como soborno y fraude procesal a causa de la renuncia de los aforados que son señalados por dichas conductas, entre los cuales nombró el caso de Marco Antonio Rueda Soto, que data del 20 de junio de 2019 y el de Luis Guillermo Salazar Botero, del 17 de julio de 2019.

«El supuesto soborno y fraude procesal que hoy se le imputa a mi prohijado se da en el marco de un asunto que nada tiene que ver con su función como congresista, pues ocurren en el marco de una investigación penal contra un tercero por unos hechos ajenos a su actividad de congresista», puntualizó el penalista.

Finalmente, se refirió a a la presunta participación de miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Uribe en la recepción de información sobre los testigos.

Granados aseguró que «no hubo uso de personal adscrito a la UTL de mi prohijado para el desarrollo de las conductas punibles que le han sido imputadas» haciendo referencia, además, a los contactos que tuvieron el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

En cuanto al caso de del asesor Fabián Rojas, dijo que ni la Sala de Casación Penal, ni esta Sala han compulsado copias para que se investigue a él, ni a ningún miembro de la UTL de Uribe «siendo claro que no se presenta, en este asunto, una desviación de poder, que pusiera en riesgo la propia función pública».