La intermediación laboral ¿Negocio para quién?

No hace un mes, el pasado 12 de mayo, la Superintendencia de Salud, mediante acto administrativo decidió intervenir la ESE Hospital Julio Méndez Barreneche, a pesar que desde el 2019, cuando la administración regional estaba en la manos de Cambio Radical a través de Rosa Cotes de Zuñiga, ya se habían presentado serias denuncias y con suficiente material probatorio sobre los dudosos y supuestamente irregulares manejos administrativos en el primer centro médico asistencial del Departamento del Magdalena; sin embargo, el Superintendente Fabio Aristizabal, espero a que el nuevo gobernador del Magdalena, asumiera para intervenirlo. Y quién se favorece con la medida? Veamos.

Tercerizar, según la RAE (Real Academia de la Lengua) quiere decir subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros. Debemos aclarar que existe una diferencia entre esta e intermediación laboral, la cual ha sido definida por Polo, Zeitoune, Lisboa (2017), en la revista científica In Crescendo, en un artículo llamado “El fenómeno de la tercerización del trabajo y su repercusión en la salud del trabajador de salud” como: “la delegación de responsabilidades y compromisos que no constituyen la columna vertebral del negocio, con el objeto de que un tercero desarrolle las actividades delegadas por su cuenta y costo, a cambio de una retribución”

Un ejemplo nos puede aclarar un poco esta diferencia: si una empresa, fabricante de automóviles, contrata a otra que se dedica a la manufactura de cajas de cambios, y luego estas son entregadas y ensambladas por la primera, diríamos que es una tercerización; pero si la fábrica utiliza un software contable que es de otra compañía, y esta no permite sino que sea manipulado por sus trabajadores, y estos desarrollan dicha actividad dentro de la empresa, estaríamos hablando de una intermediación laboral.

Es de anotar, que en Colombia a raíz de la proliferación de cooperativas de trabajo asociado, las cuales se dicen que son “sin ánimo de lucro”, intentaron ser reguladas en la Ley 1429 de 2010, donde les aplicaron restricciones como subcontratar actividades misionales al interior de las empresas, y fue a través del Decreto 583 de 2016 que se procuró reglamentarlo. El tema es tan complejo que, dicho decreto terminó siendo derogado por una extralimitación y contradicción con el texto legal; sin embargo, se ha buscado reglamentar mediante las resoluciones 5670 de 2016 y 2021 de 2018 las labores de inspección y vigilancia para esta modalidad de contratación laboral.

No se tiene que ser experto en negocios para entender que si una empresa realiza intermediación laboral, persigue una ganancia y que esta es a costa de: i) la reducción del ingreso o remuneración de los trabajadores, ii) el incremento en los costos de contratación de la empresa que va a subcontratar, y iii) los supuestos riesgos laborales de demandas que se evitaría la empresa contratante. Este último riesgo que se evitaría, es una ilusión, porque la jurisprudencia ha sido constante en nuestro país, porque al final siempre termina siendo vinculada y condenada de forma solidaria la empresa que pagó por el servicio. De ahí podemos concluir que tanto el trabajador, como la empresa que se le presta el servicio, terminan perjudicados, y la única que se beneficia es la empresa de intermediación laboral, ya que se queda con la diferencia entre lo que paga a los trabajadores y lo que le cobra a la empresa a quien se le presta el servicio.

Fabio Aristizábal, candidato No. 38, por el Centro Democrático, en las pasadas elecciones al Senado, y hoy Superintendente de Salud, fue quien designó como agente interventor a Luis Óscar Gálvez, del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB) de la ciudad de Santa Marta.

Este interventor  ha sido cuestionado e investigado por diversos entes de control por malos manejos financieros y contractuales en su último “trabajo” realizado en el Hospital Departamental de Villavicencio, como lo dice la nota publicada en la Revista Semana el 3 de junio de 2019, como: “La olla podrida del principal hospital de Meta”.

El agente interventor ahora pretende privatizar a través de la intermediación laboral del proceso de facturación del único hospital de tercer nivel del Departamento del Magdalena; según la denuncia realizada hace unos días por el sindicato de trabajadores que agrupa a los funcionarios – Sintrasmag –, quienes acusan al interventor Gálvez de haber designado a Libardo González Ariza, procedente de Maicao, La Guajira, para que realice dicha tarea. Ver la noticia “Sintrasmag denuncia alerta máxima por intervención al Hospital Julio Méndez Barreneche”

Es incomprensible que se venga a “supuestamente” rescatar un hospital con una persona tan cuestionada como el señor Gálvez, y que además se quiera subcontratar un proceso donde se va a precarizar aún más a los trabajadores, quienes recibirán menos ingresos, y donde los costos de contratación del hospital por este servicio, se van a incrementar.

Debo aclarar que ocupe el cargo de subgerente administrativo y financiero, algunos días en el Hospital, antes de su intervención; lo que me permite concluir por conocimiento directo (como lo había dado a conocer como ruta de acción inmediata ante los profesionales del hospital), que se debe interconectar el software, que fue comprado hace 2 años, entre la sección asistencial (que es donde está funcionando) y la contable con el fin tener una facturación en línea, porque actualmente se encuentra una diferencia a favor del hospital, de 24 mil millones de pesos, que están en “el limbo” (facturación que debió hacer el anterior gerente Tomás Díazgranados, y no hizo), ya que al revisar dicho software, se evidencia que se han prestado servicios a las EPS por dicho monto, pero que no han sido facturados, porque esto se realiza de manera manual. En esta labor nos encontrábamos al momento de la intervención.

En resumen, el dinero no facturado por la administración hospitalaria de Tomás Díazgranados está en el aire, y existe una alta probabilidad que se pierda, porque al no aparecer contablemente, no se le ha hecho el respectivo cobro mediante facturas a las EPS que recibieron el dinero por parte del Estado; EPS que no han pagado por los servicios prestados por el Hospital, y es inaudito que el agente interventor esté pensando en realizar una intermediación, que como hemos dicho, es solamente para el beneficio de un tercero, en lugar de recuperar dicho dinero, y así poder equilibrar financieramente al hospital.

*Abogado – Economista