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Mantienen en firme el juicio disciplinario contra el director de la policía

 

El procurador delegado que adelanta el caso del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por las presuntas irregularidades en los contratos que se registraron en la construcción de unas casas fiscales en Tolima, dejó en firme el juicio disciplinario contra el oficial.

La determinación la tomó el procurador luego de que el abogado Marco Antonio Velilla, quien defiende los intereses del director de la Policía, expuso en sus argumentos sobre que el proceso fuese ser archivado.

Velilla, en audiencia adelantada de manera virtual, defendió su tesis sobre la inocencia de Atehortúa en los hechos que es acusado, pues a juicio del Ministerio Público el director de la institución se habría extralimitado en sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución.

En ese caso, el abogado del general, quien fue exmagistrado del Consejo de Estado, había expuesto que el proceso tiene como fin empañar la imagen del oficial, quien lleva más de 30 años de carrera.

Velilla señaló que su defendido no tuvo relación con el contrato que se firmó para la construcción de 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, en 2011 y que se liquidó en 2015, sin que a la fecha se haya registrado la culminación de las obras.

Además de ello, el abogado de Atehortúa afirmó en la audiencia que, por estos hechos, el Ministerio Público ya había adelantado una investigación que más tarde fue archivada porque no se encontraron elementos que permitieran imponer responsabilidades.

El penalista, como parte de su defensa trajo a colación, su labor adelantada en el Consejo de Estado, de ello reseñó que una vez se archivaba una investigación, tal precedente ya pasaba a ser “cosa juzgada” por lo que, en este caso, se habría violado el debido proceso, al realizar la apertura de la indagación.

Sin embargo, el procurador en sus decisión dijo que si bien en el Ministerio Público ya se había adelantado investigación y posterior a ello, se había archivado, la determinación fue para unos oficiales de inferior rango y no para generales como el oficial Atehortúa.

EL PROCESO DEL GENERAL

En una diligencia anterior el delegado del Ministerio Público, Carlos Orjuela leyó el documento en el que reposa los cuatro cuatro cargos que le formularon al general, por las inconsistencias relacionadas con la construcción de las casas fiscales.

En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en la que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.

El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortua es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

BOGOTÁ (Colprensa).

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