Procuraduría ´golpea´ a la pandemia de la corrupción

El procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, visiblemente indignado por los numerosos casos de corrupción detectado, dijo que  ´no se va a permitir que se sigan robando los recursos de los más necesitados. Llegó el momento de decirles no más a los delincuentes de cuello blanco´.

 El procurador Fernando Carrillo anunció que durante las últimas semanas se ha registrado una “avalancha de corrupción” en el país en razón a las contrataciones realizadas en el marco de la contingencia decretada por cuenta de la pandemia de COVID-19.

Por ello en el marco del programa ‘Transparencia en la Emergencia’ que se adelanta en conjunto con la Fiscalía y la Contraloría, los jefes de los entes de control anunciaron investigaciones con el fin de combatir este delito.

Inicialmente, el Ministerio Público, en cabeza del jurista Carrillo, citó a juicio disciplinario a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones.

En este caso investigan un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.

Igualmente, fue llamado a juicio disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato que tenía como objeto la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones.

La información que reposa en el Ministerio Público da cuenta que el convenio se suscribió el 14 de abril, sin que al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador, el ente de control le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia.

En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar, de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea, al gerente de Contratación, Heivind Palomino, y al coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por más de 4.400 millones de pesos.

También, en sus investigaciones llamaron a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo.

Además de esto, el órgano de control abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, a quien decidió suspender por tres meses y solicitar la suspensión del contrato celebrado por más de $2.000 millones, debido a que para el jefe del órgano de control “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.

Además de ello, el Ministerio Público también investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

En este caso, la Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia.

Otra de las decisiones, es la apertura de la investigación al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido por presuntas anomalías relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.

Para el caso del alcalde de Calarcá, en Quindío, Luis Alberto Balsero y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, el procurador ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses por presuntas irregularidades en un contrato que supera los 300 millones de pesos.

A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.

LAS INVESTIGACIONES FISCALES

El contralor Carlos Felipe Córdoba por su parte anunció que abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Arauca Facundo Castillo por más de 1.000 millones de pesos por presuntos sobrecostos en el contrato de alimentación que también investigó el procurador Carrillo.

El contralor Córdoba señaló que se han abierto 27 indagaciones preliminares dentro de ellas se encuentran inmersas las Gobernaciones del Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Guajira, Nariño y Vichada. Entre las irregularidades el contralor sacó a colación lo hallado en el Valle donde anunció que hay irregularidades por sobrecostos en la compra de 10.176 kits de víveres para adultos mayores.

Lo que llamó la atención es que las indagaciones fiscales también vinculan al Ministerio de Defensa en cabeza de la Armada Nacional por irregularidades en contratos celebrados para obtener tapabocas. Lo que señaló el jefe del ente de control es que en esta ocasión habría un supuesto sobrecosto de 1.269 millones de pesos.

LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES

La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, designó nueve fiscales especializados para combatir el delito de corrupción en el territorio nacional. Añadió que las primeras indagaciones vinculan a dos entidades estatales que corresponden a Finagro y el Departamento Nacional de Planeación, “en donde hay un aforado constitucional en este caso con una noticia preliminar abierta, que es el ministro de agricultura”.

 mismo modo resaltó que hasta el momento hay indagaciones contra los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés y Magdalena, y no descarta en abrir la próxima semana procesos en contra de tres gobernadores más.

“Hemos verificado 990 contratos por un valor de 667 mil millones de pesos, de los cuales 13 contratos estaban por un valor de 17 mil millones de pesos, y las entidades han disminuido el valor o han cancelado unilateralmente los convenios. Con esto hemos evitado que 17 mil millones se vean vinculados en actos de corrupción”, señaló el fiscal.

En razón a los contratos analizados la Fiscalía tiene 38 casos en etapa de indagación preliminar contra 41 funcionarios en los municipios de Atlántico, Nariño, Guajira y Santander entre otros.