Procuraduría, Contraloría y Defensoría piden acabar EPS Medimás

Tres organismos de control le solicitaron al Ministerio de Salud que se intervenga de manera forzosa administrativamente y se liquide a la EPS Medimás.

Se trata de la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, que en un oficio dirigido al ministro de Salud encargado, Iván Darío González, y al superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, les recuerdan que la Constitución Política les ha delegado funciones de vigilancia respecto de las entidades públicas y de los particulares que administran recursos públicos en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y del patrimonio público.

En el oficio, conocido por El Colombiano en la noche de este miércoles, se puede leer que la Supersalud es la entidad que tiene bajo su responsabilidad la inspección, vigilancia y control sobre las EPS, por lo que en cumplimiento de sus funciones, la Supersalud “proceda en forma inmediata a adoptar la medida de intervención forzoa administrativa para liquidar a Medimás EPS, como mecanismo de protección del ordenamiento jurídico, de los derechos de los afiliados y de defensa de los recursos públicos por ella administrados”.

Las los tres organismos de control resaltan que las conductas de Medimás generan afectación “grave” a la garantía de los derechos fundamentalmente a la salud y la vida de sus afiliados “por las falencias en la garantía del Plan Básico de Salud (PBS) y pérdida de recursos públicos de la seguridad social en salud”.

Los tres organismos, recorriendo la historia de Medimás desde el 1 de agosto de 2017, señalan que han sido más las dificultades que los logros en la atención de los usuarios de esta EPS y en las condiciones actuales “resulta inadmisible prolongar la medida de vigilancia especial interpuesta por la Supersalud”.

En el oficio de 14 páginas, los representantes de los tres organismos de control Fernando Carrillo, Carlos Felipe Córdoba y Carlos Alfonso Negret reiteran que es necesaria la intervención administrativa y la liquidación de Medimás y les dan un plazo de 10 días a la Supersalud y al Minsalud para informar las medidas que se adoptarán en contra de la EPS.