Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
Además, el ente de control expuso que por parte de la UARIV no se le dio una cobertura adecuada al Programa de Reparación Colectiva. De igual modo, comunidades étnicas no habrían recibido el tratamiento diferenciado en los procesos.
Producto de la auditoría también se determinaron ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno que se trasladará a la Corte Constitucional.
«Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?», dice la Contraloría en su informe.
De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la UARIV pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.
La Contraloría estableció la inexistencia de un procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, lo cual estaría relacionado con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018. Esto último equivale al 55% de pagos, lo cual constituye un incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional que establece:
“Ordenar al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.
Por otra parte, se encontró que en el Programa de Reparación Colectiva, apenas seis personas de 631 incluidas en el Registro Único de Victimas (el 1%), fueron reparadas de manera integral de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación.
BOGOTÁ (Colprensa).