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Así se desprendió luego de una reunión que tuvo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, con los senadores de la Comisión I, en donde se ‘midió’ cómo sería el respaldo político que tendría la iniciativa al inicio de su trámite en el Congreso.
“Se esta conversando, hay que mirar tiempos, si vale la pena en marzo o de acuerdo a los análisis que nos den sea mejor en julio, no hay decisión al respecto, traerla en marzo, esa es la idea inicial, hay que ser tranquilos en ese tema”, explicó Cabello.
Precisó la ministra que “hay que discutir bajo la premisa de que nada es inamovible, lo que se hizo fue articular un borrador”.
En tal sentido ya se ha reunido con las altas cortes, la academia como también con el Congreso de la República.
“Estamos analizando lo que puede ser el proyecto de reforma para que sea lo mas consensuado posible y por eso hay que revisar todos los tiempos para que vaya de la mejor manera posible”, explicó la ministra.
Precisó que primero se radicará la reforma que es un acto legislativo, para luego sí dar paso a la ley estatutaria que requería la misma para que se implemente.
Por su parte, el presidente de la Comisión I del Senado, Santiago Valencia, aseguró que la reunión fue para conocer las propuestas que ya se han planteado, como también para que las distintas bancadas expresen su posición.
Explicó que por ahora no hay texto definitivo, como tampoco se puede hablar que ya hay un consenso, pero que se va avanzar en lograr tener una propuesta lo mayor consensuada.
*LO QUE LLEVARÍA*
En lo avanzado hasta ahora, el articulado de la reforma constitucional incluiría los temas referentes a reforzar la seguridad jurídica. Un aspecto más es que quitar las facultades electorales que tienen las cortes.
Un capítulo más que es considerado clave es el referente a establecer las inhabilidades a los magistrados y otros altos funcionarios del Estado. Se precisaría también la forma en que se reglamentarían esas inhabilidades.
Otro punto que según la ministra Cabello se ha planteados es establecer el precedente y el de ampliar facultades a entidades privadas algunas funciones judiciales, esto para la conciliación que podría ser por parte de los notarios y las Cámara de Comercio.
BOGOTÁ (Colprensa).