Audiencia de Odebrecht: Entre las excusas públicas y los regaños del juez

El Juez 7 Especializado de Bogotá instaló la audiencia en la que Federico Gaviria, Gabriel Dumar, Eduardo José Zambrano y Gustavo Torres, procesados por las irregularidades que se registraron con la firma brasileña Odebrecht, pidieron excusas públicas por los actos cometidos en el país y que desangraron las arcas del erario.

Los hombres procesados desde 2018 por los hechos conocidos que vincularon a congresistas debido a que pagaron coimas para favorecer a terceros, reconocieron su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía, en donde se comprometían a revelar información a cambio de que cesaran las persecuciones penales en su contra.

El pasado 20 de enero, finalmente, el Juzgado Séptimo avaló el preacuerdo de Gabriel Dumar Lora, quien aprovechó un receso en la diligencia adelantada este miércoles y pidió perdón públicamente.

«Quiero manifestar públicamente que (…) pido perdón con todo mi corazón, fuerzas y espíritu a la sociedad colombiana, a la justicia colombiana y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a sus funcionarios que por la ilicitud de mi conducta han sido víctima de señalamientos o afectados en su buen nombre» señaló.

Dumar Lora añadió que en lo relativo a la participación con la trama Odebrecht no tuvo conocimiento de conductas irregulares o participación de la ANI o de sus funcionarios.

En medio de la diligencia a la que asistieron los cuatro procesados, también se estudia avalar el preacuerdo de Gustavo Torres. En este caso, el hombre se comprometió a entregar más de 1.900 millones de pesos, de los cuales, ya ha entregado por medio de un pagaré 981.

De acuerdo con lo expuesto con Daniel Hernández, fiscal del caso, el hombre se comprometió a cancelar el dinero restante en 36 meses, lo que molestó al juez, y empezó a cuestionar las razones por las cuales el pago no se realizaba inmediatamente.

«Han sido dos años de espera. Debe entonces esperar el Estado para que se deposite el dinero tres años después, cuando los hechos ocurrieron hace cinco años», señaló el juez al mismo tiempo que le reclamaba el hecho que los procesados solicitaran la libertad.

Si bien el delegado de la Rama Judicial no desconoció que la libertad es un derecho fundamental, sacó a colación que desde 2018, cuando decidieron acceder a un acuerdo, se pactó que los hombres no solicitarían la libertad y se comprometían a pagar lo dicho y avalado en las diligencias judiciales anteriores.