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En este caso, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga las presuntas irregularidades que se habrían presentado un contrato suscrito en 2016 entre el ICBF y la empresa Subatours S.A.S.
Dicho acuerdo tenía un valor de más de 11 mil millones de pesos siendo el objeto suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para servidores públicos, contratistas y menores de edad que requieran adopción de medidas especiales de protección.
Las pruebas de la Fiscalía permitieron establecer que en este caso se habría presentado un peculado de 299’995.373 de pesos, por la expedición de 76 tiquetes internacionales que beneficiaron a particulares y funcionarios sin que se tuvieran los soportes legales de comisiones al exterior por parte de la entidad.
Según el ente acusador, Gordon Ramos, desde su cargo como coordinadora y directora administrativa encargada, habría autorizado el pago de tiquetes con destinos internacionales sin contar con los soportes relacionados con los desembolsos.
Gordon Ramos no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
BOGOTÁ (Colprensa).