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En lo que va del año, diez maestros han sido asesinados en diversas zonas del país y 680 han sido amenazados. El último caso homicidio fue el de Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Afro Empresarial de Caloto, Cauca, ocurrido el pasado 12 de agosto.
La precaria calidad de los servicios de salud para los docentes, los malos manejos de Fiduprevisora, la amenaza de la privatización del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la alerta de nuevos asesinatos de maestros en zonas rurales de Colombia, han sido los detonantes del paronacional de 48 horas liderado por Fecode que este miércoles cumplió su primera jornada de protestas.
UN FONDO “INSOSTENIBLE”
El Fomag es un fondo creado con base en la ley 91 de 1987. Anteriormente cada departamento tenía un régimen diferente para maestros, es decir que existían 32 regímenes especiales para liquidar y pensionar a los docentes y administrar sus cesantías. Sin embargo, estos fueron unificados, una parte del pago de este fondo lo aporta el Gobierno y la otra los profesores.
Nelson Alarcón, presidente de Fecode, afirmó que “incluso hemos dado recursos adicionales, más que cualquier otro gremio en Colombia. Nosotros damos un porcentaje adicional para que el fondo se mantenga”.
El dirigente sindical advierte que el motivo por el cual el Gobierno tendría la intención de privatizarlo es porque considera que el fondo es inviable.
“Hoy el Gobierno Nacional pretende acabar con nuestro fondo diciendo y argumentando que no es sostenible cuando en verdad sí lo es. Nosotros aportamos mensualmente los recursos que nos corresponde como trabajadores y el Gobierno hace lo mismo. Aquí lo que hay es un mal manejo de la Fiduprevisora”, enfatizó Alarcón.
En cuanto a la posibilidad de privatización del Fomag, Alarcón advirtió que si esto llega a ocurrir Fecode se declararía en paro nacional indefinido, pues elgremio no piensa permitir la extinción del fondo. Por ende, piensa defender “a ultranza y a capa y espada”.
LOS ERRORES DE LA FIDUPREVISORA
Hoy en Bogotá, se iniciará una ‘Quejatón’ al frente de la Fiduprevisora (Calle 72 N°10-03) para protestar por aparentes malos manejos de esta entidad. Frente a esta situación, Alarcón afirmó que se ha preguntado en repetidas ocasiones sobre los recursos que maneja la entidad, pero dijo que no han recibido respuesta alguna.
Agudelo, por su parte, manifestó que desde hace un año esta organización no ha pagado las cesantías y prestaciones a los docentes.
Además, el líder sindical denunció que no hay orden ni contabilidad del dinero de los maestros, lo cual se traduce en un déficit de 1 billón de pesos. “La Fiduprevisora demora el pago de cesantías. Al pasar esto, se genera una sanción por mora que ha debilitado financieramente nuestro fondo. Esto es responsabilidad de la Fiduprevisora por no realizar los actos administrativos de reconocimiento de cesantías y su pago respectivo a los maestros”, explicó.
En lo que va del año, diez maestros han sido asesinados en diversas zonas del país y 680 han sido amenazados. El último caso homicidio fue el de Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Afro Empresarial de Caloto, Cauca, ocurrido el pasado 12 de agosto.
Con respecto a estos casos, Alarcón resaltó que en algunos municipios de Colombia, la máxima autoridad del Estado que hay es el maestro. “El Estado debe tomar determinaciones para proteger la vida de los compañeros. Un sinnúmero de colegas han sido amenazados de muerte por organizaciones al margen de la ley. Necesitamos condiciones de seguridad para que el maestro pueda permanecer en una zona rural”, añadió.
LAS ACCIONES DEL GOBIERNO
El Ministerio de Educación, por su parte, emitió un comunicado en el que asegura que están avanzando en los acuerdos pactados con el magisterio colombiano para cumplir los acuerdos pactados en 2017 y 2019.
Entre las soluciones que plantea la cartera están la creación de la Comisión Nacional de Salud en alianza con la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud, Fiduprevisora, Fecode, operadores de salud y firmas auditoras para dar atención prioritaria a la prestación de servicios médico-asistenciales de los docentes.
Además, en cuanto a la protección de docentes, se creará una comisión para monitorear la atención de maestros estatales en condición de amenaza y desplazamiento forzado, de acuerdo con la Resolución 9017 de 2019, con el fin de articular mecanismos para proteger la vida e integridad de los docentes.
Con respecto a la reubicación salarial, se piensa continuar con la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para este fin y se reconocerán las bonificaciones anuales para docentes y directivos docentes.