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Por pedido de la Fiscalía, la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Carlos Enrique Masmela, Director Seccional de la Rama Judicial de Bogotá, se realizó a puerta cerrada. De acuerdo con el delegado del ente acusador, debido a que habían víctimas en el proceso.
Masmela fue capturado en la mañana de este miércoles junto con Fredy Antonio Tequia, empleado de la Dirección Seccional Ejecutiva; Pedro Julio Gómez, Jefe de la Unidad de Asistencia Legal; y Salomón Motta Polanía, empleado de la Dirección Nacional Ejecutiva.
En este caso, la Fiscalía busca establecer si Masmela y los hoy capturados pertenecen a una presunta red de corrupción que existe en los “parqueaderos” o depósitos de bienes a los que van a parar los vehículos que son embargados por jueces.
Si bien, hasta el momento se adelanta la diligencia a puerta cerrada, se conoció que el Juez 76 con función de Control de Garantías legalizó las capturas. El funcionario de la Rama Judicial no encontró que en los procedimientos realizados por policías judiciales tuvieran irregularidades. Así las cosas se adelanta la imputación de cargos.
La Fiscalía les endilgará los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público y asesoramiento ilegal.
En un comunicado emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Max Flórez, quien preside la corporación, anunció que proporcionaron información a la Fiscalía General para que se surtiera la investigación en contra del funcionario público.
“El Consejo Superior de la Judicatura, como parte de sus políticas de transparencia y anticorrupción, ha entregado información relevante a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones necesarias sobre situaciones que pudieran tener connotación penal y que se han advertido como resultado de los controles administrativos que esta Corporación realiza permanentemente”, precisó Flórez.
El magistrado expresó que desde ese órgano rechazan los actos en los que se ha visto comprometido el nombre de algunos empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues ello afecta la integridad de la Rama Judicial.
BOGOTÁ (Colprensa).