La iniciativa, liderada por la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, superó este miércoles 10 de junio su último trámite legislativo en el Senado de la República y se convierte en un paso histórico para prevenir y sancionar una práctica que durante años ha afectado principalmente a mujeres y niñas de comunidades indígenas.

La congresista celebró la decisión del Senado y destacó que este logro es el resultado de un proceso construido de manera conjunta con mujeres Embera, organizaciones sociales, profesionales de la salud, académicos y defensores de derechos humanos que impulsaron la discusión y visibilizaron la problemática a nivel nacional.

Según explicó Giraldo, “el proyecto nació a partir del llamado realizado por mujeres indígenas que solicitaron al Congreso generar herramientas legales para poner fin a esta práctica y garantizar la protección de las niñas”.

Durante el trámite legislativo, la iniciativa contó con el respaldo de diferentes sectores políticos y sociales, además del acompañamiento de especialistas en medicina, antropología y trabajo social que aportaron elementos técnicos para la construcción de la propuesta.

La representante risaraldense agradeció el respaldo recibido por parte de los congresistas que votaron favorablemente el proyecto, señalando que la aprobación constituye un mensaje contundente en defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia.

La mutilación genital femenina es considerada por organismos internacionales como una violación de los derechos humanos, debido a las graves consecuencias físicas y psicológicas que puede generar en quienes la padecen.

Con la aprobación de este proyecto, Colombia avanza hacia la consolidación de mecanismos institucionales orientados a la prevención, atención, sensibilización y erradicación de esta práctica, fortaleciendo la protección integral de niñas y mujeres en todo el territorio nacional.

La iniciativa representa además uno de los proyectos de mayor impacto social impulsados recientemente desde Risaralda en el Congreso de la República, consolidando una discusión que durante años fue promovida por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y comunidades indígenas.