Con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y organismos de cooperación internacional, han dado como resultado la vinculación de hasta 17 personas al proceso.

La tarde del 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay fue atacado brutalmente a tiros mientras participaba en un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El dirigente del Centro Democrático recibió tres impactos de bala, uno en la pierna izquierda, y dos en la cabeza, por lo que fue remitido a la Fundación Santa Fe para entrar en cirugía y luego permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al estar en un coma inducido, donde permaneció más de dos meses hospitalizado.

El tiempo que pasó allí, el país lo abrazó entre velatones, oraciones y homenajes, antes de fallecer el 11 de agosto de ese mismo año y enlutar a los colombianos y su familia.

Su muerte generó una fuerte conmoción nacional debido a su labor como senador, precandidato presidencial, cercanía con las personas, toda su carrera política y una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Además, el hecho revivió en los colombianos recuerdos de los años más violentos de la política colombiana, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados durante campañas electorales, y además, la muerte de su madre Diana Turbay, la periodista que fue secuestrada y asesinada el 25 de enero de 1991 por el cartel de Pablo Escobar.

¿Qué ha pasado desde entonces?

Un año después, la Fiscalía ha logrado avances significativos en el caso. Las autoridades han vinculado a 17 personas con el crimen y han capturado a nueve de ellas, mientras que varias ya han recibido condenas por su participación en la planeación y ejecución del atentado.

Las investigaciones apuntan a que detrás del asesinato estaría la estructura armada conocida como Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC. Según la Fiscalía, el ataque tuvo motivaciones políticas y buscaba generar un impacto directo sobre el escenario democrático del país.

De acuerdo con el ente acusador, el homicidio reúne las características de un magnicidio, al considerar que no se trató únicamente de eliminar a una persona, sino de afectar el desarrollo de la actividad política y electoral en Colombia.

El pasado viernes 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación dió una información oficial en la que solicitó ante un juez de control de garantías que sean declarados como personas ausentes varios integrantes de la Segunda Marquetalia.

Dentro de los señalados están “Iván Márquez”, alias “John 40”, alias “Rusbel”, alias “Enrique Marulanda”, alias “Gonzalo”, alias “Yako” y alias “Zarco Aldinever”. Y permite que la entidad avance en el proceso de imputación, así los procesados no estén presentes.

El impacto en las elecciones de 2026

Cuando ocurrió el atentado, Miguel Uribe figuraba entre los principales aspirantes del Centro Democrático para representar al partido en las elecciones presidenciales de 2026. Su ausencia obligó a reorganizar la estrategia política de la colectividad y modificó el panorama interno de la oposición.

Tras su muerte, el partido terminó respaldando la candidatura de la senadora Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, la campaña estuvo marcada por divisiones internas y por la pérdida de una de sus figuras con mayor reconocimiento nacional. Valencia y ocupó el tercer lugar en la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con la agencia EFE, analistas consideran que el atentado elevó las preocupaciones sobre la seguridad de los candidatos y obligó a reforzar los esquemas de protección durante toda la campaña electoral. Aunque no se registraron ataques de similar magnitud contra otros aspirantes, el hecho mantuvo vigente el temor a un resurgimiento de la violencia política.

Una herida abierta para la democracia

El asesinato de Miguel Uribe no solo impactó a su partido político. También puso nuevamente sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta el país y la capacidad de los grupos armados para influir en la vida pública.

La investigación sigue avanzando para identificar a todos los responsables intelectuales y financieros del crimen. Mientras tanto, el caso permanece como uno de los episodios más relevantes de la historia política reciente de Colombia y un recordatorio de los riesgos que aún enfrenta la democracia frente a la violencia armada.