Las protestas mantienen suspendido el recaudo en varios puntos de la Ruta 45A, pese a los intentos de diálogo entre Gobierno y comunidades.

La situación en los peajes de la vía Bucaramanga–Bogotá continúa sin una solución definitiva y ya habría generado pérdidas económicas superiores a los 60.000 millones de pesos, en medio de cerca de diez meses de protestas y suspensión parcial del recaudo en la Ruta Nacional 45A.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías), por este corredor transitan en promedio más de 50.000 vehículos diarios, lo que refleja la alta importancia estratégica de este eje vial que conecta a Santander con el centro del país.

El panorama sigue generando incertidumbre entre autoridades, concesionarios, transportadores y comunidades, debido a que las más recientes mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y los líderes de las protestas no lograron alcanzar un acuerdo definitivo.

Actualmente, el recaudo continúa suspendido en estaciones clave como Curití y Pescadero, donde las talanqueras permanecen levantadas desde hace varios meses como forma de protesta. Los manifestantes insisten en que las tarifas no se corresponden con el estado actual de la vía y exigen mayores inversiones en infraestructura y mantenimiento.

En medio del estancamiento del diálogo, las autoridades han advertido sobre el impacto financiero que deja la prolongada suspensión del cobro, ya que los recursos provenientes de los peajes son fundamentales para la operación, el mantenimiento y la atención de emergencias en la red vial nacional.

Sin embargo, en el municipio de Oiba se registró un avance parcial tras la reactivación del cobro en el peaje de obra, luego de varios meses de concertación entre el Gobierno, autoridades locales y comunidades.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que este punto representa un progreso dentro del proceso de diálogo, aunque reconoció que en otros sectores del corredor vial persisten las diferencias que impiden normalizar completamente la operación.

Las comunidades insisten en que no están dispuestas a asumir el pago de peajes mientras no se evidencien obras visibles en la vía Bucaramanga–Bogotá, y reclaman transparencia en la ejecución de los recursos y mejoras urgentes en la infraestructura.

A la espera de nuevas rondas de concertación, la controversia se mantiene abierta y sigue afectando la movilidad, la economía regional y la sostenibilidad de uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano.