La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar lo que describen como la injerencia del presidente, Gustavo Petro, en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Según el documento, en juego está el derecho de 41.421.973 ciudadanos a votar libremente.

Las medidas cautelares son órdenes urgentes que la Comisión puede dirigir a un Estado para evitar un daño grave que, una vez ocurrido, ya no tendría remedio. La solicitud no se dirige contra Petro como persona, sino contra el Estado colombiano, al que se le pide actuar para proteger a los electores. Las organizaciones señalan que un pronunciamiento posterior al 21 de junio llegaría tarde, porque el daño ya estaría consumado.

La solicitud la firman el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y el presidente de la junta directiva de FEDe. Colombia, Luis Guillermo Vélez. El representante en el trámite es el abogado Andrés Caro Borrero.

El documento sostiene que Petro ha incurrido en un patrón reiterado de intervención en política: pronunciamientos electorales desde plataformas oficiales, ataques a las autoridades electorales y acusaciones de fraude sin respaldo verificado. Ese patrón, dicen las organizaciones, vulnera el derecho a elegir consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 10 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó rectificar sus afirmaciones sobre fraude electoral y abstenerse de repetirlas sin evidencia sólida. La solicitud afirma que la rectificación no se hizo dentro del plazo fijado.

El 28 de mayo de 2026, tres días antes de la primera vuelta, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró que el presidente Petro incumplió el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 —la ley de garantías electorales— y le ordenó abstenerse de difundir propaganda electoral. La misma sentencia encargó a la Procuraduría General de la Nación vigilar el cumplimiento.

Según la solicitud, Petro continuó con pronunciamientos electorales en los días siguientes al fallo, y la Procuraduría no había adoptado correctivos conocidos al momento de la presentación. El documento agrega que, a corte del 26 de mayo, cursaban diez expedientes en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara por presunta indebida participación en política del mandatario.

Las acusaciones de fraude en torno al 31 de mayo

El 31 de mayo, durante la jornada, el Jefe de Estado divulgó su voto en redes, cuestionó el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil y pidió a la ciudadanía "cuidar el voto" en las más de 120.000 mesas del país. Esa misma noche desconoció los resultados del preconteo.

El 2 de junio, Petro afirmó tener "las bases comprobadas del posible fraude" y denunció que el censo electoral y el número de mesas habían sido modificados pocos días antes de los comicios, con 885.409 cédulas que, según él, se sumaron de manera irregular. Señaló además 5.300 mesas "atípicas" donde se ubicaría la ventaja del candidato Abelardo de la Espriella.

El documento contrapone a esas denuncias el análisis de los jueces y los observadores. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la sentencia del Consejo de Estado de 2018 nunca declaró fraude y que la diferencia entre preconteo y escrutinio en marzo de 2026 fue de 0,28%, dentro de los márgenes normales. El Centro Carter, la misión de la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral de la OEA certificaron unas elecciones transparentes.

La solicitud cita un discurso del 3 de octubre de 2025 en Ibagué, transmitido por Radio Nacional de Colombia y el canal oficial de la Presidencia, en el que el mandatario llamó a "ganar congreso y presidencia". En ese acto, según el documento, Petro reconoció las restricciones legales que pesan sobre él: "no puedo hablar mucho porque también me prohíben", advirtió.

El argumento se apoya en una cifra de la Misión Europea, cuyo informe preliminar del 2 de junio documentó que el 64,43% de las publicaciones de la Presidencia durante la campaña promovieron logros de gobierno. Para las organizaciones, eso produce una desigualdad frente a las demás candidaturas.

La solicitud formuló cuatro peticiones. Las dos primeras buscan que la Comisión requiera al Estado ordenar al Presidente abstenerse de declaraciones que induzcan el voto o acusen de fraude sin pruebas, y garantizar la independencia de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las otras dos piden asegurar que se acaten los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca y que el Presidente reconozca el preconteo de la primera vuelta y se comprometa a respetar el resultado de la jornada del 21 de junio.

BOGOTÁ, (Colprensa).-