El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, usó una rueda de prensa en Villavicencio para responder al cuestionamiento que más golpea al tribunal: la duda sobre sus cifras de falsos positivos. Su argumento fue que la cifra de ejecuciones extrajudiciales que atribuye a la fuerza pública y la de menores reclutados por la antigua guerrilla salen de la misma base de datos y la misma metodología. Por eso, dijo, no termina de entender por qué una se acepta sin reparos y la otra se cuestiona de forma permanente.

La rueda de prensa se dio en medio de una audiencia histórica. Durante tres días, del 3 al 5 de junio, dos generales en retiro del Ejército y otros 25 militares reconocen ante las víctimas su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas que presentaron como bajas en combate en el Meta. Son los 27 comparecientes de la fuerza pública que la JEP imputó como máximos responsables en el Subcaso Meta del Caso 03.

Según Ramelli, relator de ese subcaso, los hechos imputados suman 210 homicidios fuera de combate, 66 desapariciones forzadas y un intento de homicidio. Los responsables pertenecieron al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR), al Gaula Militar del Meta y a la Séptima Brigada del Ejército. Las víctimas eran campesinos a los que se hizo pasar por guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2007.

El cuestionamiento a los números no es nuevo. Sectores políticos, sobre todo de la derecha, llevan años poniendo en duda la magnitud de los falsos positivos que ha documentado la JEP. En abril de 2026 el tribunal actualizó esa cuenta: pasó de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que había establecido para el periodo 2002-2008 a 7.837, luego de ampliar la revisión a los años 1990-2016.

Ramelli explicó que todas esas cuentas salen de una base de datos llamada Júpiter, que reúne más de 150 bases distintas y "millones de datos" que se cruzan entre sí. Esa misma herramienta, dijo, arroja tanto las 7.837 ejecuciones atribuidas a la fuerza pública como los 18.666 menores que, según la JEP, reclutaron las antiguas FARC.

"No terminaba yo de comprender por qué una cifra sí parece aceptada en el caso de los antiguos integrantes de la guerrilla, mientras que la otra constantemente es cuestionada", dijo Ramelli, si ambas tienen la misma metodología y las mismas fuentes.

Ningún general había sido procesado antes

El magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, señaló que ya son ocho los generales que han reconocido crímenes ante la JEP: siete en el Caso 03 y uno en el Caso 02. La jurisdicción ha llamado a más de 40 generales a rendir versión y ha imputado a unos 21 o 22.

Parra recordó que esta misma semana la JEP escuchó la versión voluntaria del general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, a quien todavía no ha imputado. En esa diligencia, dijo, participaron 14 representaciones de organizaciones de víctimas de todo el país.

Ramelli subrayó por qué todo esto importa. Ninguno de esos generales —ni los que aceptaron ni los que negaron— había sido imputado antes por la justicia ordinaria en toda la historia de Colombia, afirmó.

El magistrado atribuyó ese resultado a investigaciones que calificó de muy sólidas. Para el Subcaso Meta, dijo, la JEP escuchó más de 100 versiones voluntarias, sumó testimonios de antiguos jefes paramilitares y recogió información en las unidades militares de Villavicencio y Granada. Por eso, agregó, los comparecientes están aceptando en lugar de irse a juicio.

De los 30 militares imputados al comienzo en el Subcaso Meta, 27 aceptaron su responsabilidad. Los otros tres —un antiguo comandante de la Séptima Brigada y dos oficiales— la negaron, y su caso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que decidirá si pide el archivo o los lleva a juicio. Si un juicio termina en condena, las penas van de 15 a 20 años de cárcel.

La diferencia con quienes reconocen es enorme. Los comparecientes que aceptan y aportan a la verdad reciben sanciones de 5 a 8 años, no en una celda sino en proyectos restaurativos con monitoreo electrónico. Ramelli aclaró que esas sanciones son las mismas que recibirán los antiguos integrantes de las FARC.

"Comparezco sin uniforme, sin rango y sin excusas"

La audiencia había arrancado el día anterior con un acto de memoria. Las víctimas entraron al auditorio con las fotos de sus familiares asesinados y desaparecidos y las colgaron en un árbol de memoria, mientras sonaba música llanera y el recinto guardaba silencio. Más de 80 víctimas acreditadas asistieron, de un universo de 462 reconocidas en el subcaso.

El primero en hablar fue el brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra, excomandante de la Séptima Brigada. Reconoció que presionó a sus subordinados para aumentar las bajas en combate y que usó expresiones como "tóquele la puerta al vecino", que hoy entiende como una orden para acudir a los paramilitares. Admitió también que premió con felicitaciones y permisos a quienes presentaban muertos.

"Hoy comparezco ante ustedes sin uniforme, sin rango y sin excusas", dijo Saavedra con la voz entrecortada. Reconoció que bajo su mando hubo connivencia con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que no protegió a la población. El segundo general del subcaso, el general (r) Ardila, quedó citado para el cierre de la diligencia.

El teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León describió cómo funcionaba la maquinaria. Contó que el Bloque Centauros ofrecía falsos trabajos en Villavicencio como señuelo, trasladaba a las personas a la zona del BIVAR, las asesinaba y entregaba los cuerpos para presentarlos como bajas. "No fue improvisación, fue un sistema criminal", dijo.

Las víctimas también tomaron la palabra. Yolanda Pérez les preguntó a los militares cómo pudieron matar a sus familiares sabiendo que su deber era protegerlos. Exigió que limpien el buen nombre de sus seres queridos y que la búsqueda de los desaparecidos no se detenga: "No pueden pasar otros 60 años", dijo.

El respaldo de la ONU

La audiencia tuvo un respaldo internacional de peso. Scott Campbell, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), dijo desde Villavicencio que era un día muy importante para la dignidad de las víctimas y para la construcción de paz. Destacó la valentía de comandantes, generales y coroneles que reconocieron crímenes de guerra y de lesa humanidad de frente a las víctimas.

Campbell recordó que su oficina ha acompañado a las víctimas desde los años noventa y a la JEP desde su creación. Dijo que, si alguien escucha a los comparecientes y a las víctimas, no hay manera de negar lo que pasó en el país. E invitó a los colombianos a seguir la diligencia.

La audiencia termina el viernes, pero el proceso no. Después vendrá una Resolución de Conclusiones en la que la JEP evaluará si los reconocimientos satisfacen el aporte a la verdad, antes de que el Tribunal para la Paz imponga las sanciones. Las víctimas aún pueden enviar demandas de verdad que la jurisdicción trasladará a los comparecientes.

Quedan asuntos por resolver. La JEP apenas diseña los proyectos restaurativos del Meta, como la búsqueda de desaparecidos y la memorialización, que todavía debe avalar el tribunal.

Otro pendiente es el registro de las víctimas. Casi el 40 % de las identificadas en el subcaso aún no ha sido reconocido por la Unidad para las Víctimas, que durante la audiencia se comprometió a expedir un decreto en un plazo de 15 días.

Todo esto ocurre mientras la JEP empieza a cerrar sus primeros casos. La primera condena del tribunal por falsos positivos llegó en septiembre de 2025, contra 12 militares del Batallón La Popa, en el Cesar, con la pena máxima de ocho años de restricción de la libertad. El Subcaso Meta avanza ahora por ese mismo camino.

• colprensa