El exfutbolista samario Carlos Valderrama y su esposa, Elvira Isabel Redondo Guarnizo, quedaron en el centro de una controversia judicial luego de las denuncias públicas realizadas por Tobías Redondo, quien aseguró haber sido víctima de presuntas amenazas e intimidaciones relacionadas con un predio ubicado en el barrio Aeromar, en Santa Marta.

Según el denunciante, varios hombres armados habrían llegado hasta la vivienda donde residía su hija junto a dos menores de edad para exigirles abandonar el inmueble. Asimismo, manifestó que días después encontró la casa demolida, razón por la cual interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La situación generó amplia repercusión en redes sociales y medios digitales, especialmente por involucrar al histórico referente del fútbol colombiano. Hasta el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Sin embargo, tras las acusaciones, la firma jurídica Morelli Lawyers Group, representante legal de Valderrama y su esposa, emitió un comunicado oficial rechazando de manera categórica los señalamientos realizados públicamente por Tobías Redondo.

En el documento, firmado por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal, la defensa aseguró que las acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio” y calificó los hechos denunciados como una campaña de desprestigio contra la familia Valderrama Redondo.

Además, el comunicado sostiene que actualmente existen procesos judiciales en curso contra el denunciante. Según la firma jurídica, Tobías Redondo enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por presunta violencia intrafamiliar y otros comportamientos relacionados con convivencia ciudadana.

La defensa también indicó que las diferencias relacionadas con los predios mencionados están siendo ventiladas ante las autoridades competentes y que sus representados han decidido no conciliar “bajo presiones ni chantajes mediáticos”.

Igualmente, Morelli Lawyers Group pidió respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, advirtiendo posibles acciones legales contra quienes repliquen acusaciones que consideren falsas o difamatorias.

Por ahora, el exjugador samario no se ha pronunciado personalmente sobre el caso, aunque el comunicado difundido en redes sociales representa la primera reacción oficial de su entorno jurídico frente a las denuncias conocidas públicamente.