A través de un video cinematográfico, el jefe de Estado quiso mover la narrativa que hizo un “cambio” en cuatro años que debe ser continuado, pero no mostró resultados concretos sobre su gestión.

Quedan 79 días del mandato de Gustavo Petro. Por eso empiezan los balances sobre su gestión: cuatro años del autodenominado “gobierno del cambio” que, como todos, hizo grandes promesas; leído en matices, tuvo aciertos, pero sobre todo muchos problemas y errores en casi todos los frentes.

En la recta final de las elecciones presidenciales, el jefe de Estado decidió hacer su primer balance. A menos de dos semanas de la primera vuelta este 31 de mayo, Petro difundió en redes una imagen anunciando un mensaje “para todos y todas”.

La publicación está acompañada de una foto suya, que bien podría retratar su figura: está sentado al interior de una aeronave junto a una ventana que ilumina parte de su pecho vestido de camisa blanca, pero en la sombra, con gorra –como casi siempre gobernó– se ve la mitad de su rostro oscuro mirando a un celular que está en sus manos.

Un retrato porque en estos cuatro años el mandatario casi nunca soltó el celular, lo que ocasionó desde memes hasta el inminente rompimiento de relaciones con un aliado histórico como Estados Unidos, cosa que finalmente no sucedió.

El video publicado tras esa imagen dura casi seis minutos y está grabado con estilo cinematográfico: música épica, escenas presentadas con ritmo frenético y un Petro heroico en cada una de las cuatro ciudades que vista –Valledupar, Medellín, Riohacha y Tumaco–.

Es el primer contenido desde Presidencia que marca el comienzo del fin de un gobierno, pero presenta un balance más retórico que práctico. Durante todo el video se intenta construir una narrativa con frases elocuentes: “un país no se transforma cuando lo intenta, se transforma cuando lo decide”, arranca diciendo el mandatario en voz en off y sigue con el discurso de clases:

“El pueblo gobernó. Un poder que no le pertenecía a la gente sino a unos pocos privilegiados”. Y citando la repetida frase del expresidente Darío Echandía –”¿El poder para qué?”, se responde: “para que el país deje de ser una promesa y empiece a ser una realidad compartida entre todas y todos”.

Frases parecidas se escuchan a lo largo del video que finaliza diciendo: “las ideas cuando encuentran tierra no retroceden, crece con ellas el país que viene”.

Pero poco hay de resultados concretos, cifras, indicadores o logros palpables. Apenas se hace mención de que bajó a la mitad la tasa de desnutrición, se redujo “sustancialmente” la tasa de mortalidad infantil y eso “nos muestra que estos cuatro años han logrado una transformación de la gente más humilde y trabajadora”, concluye el Presidente.

En cambio, otras frases podrían rayar con participación en política: “las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles (...) lo que se sembró aquí no es una política, una idea, un proyecto para hacer (...) fue una apertura, un comienzo”.

Horas después, el procurador general Gregorio Eljach le pidió al presidente Petro no usar sus redes o plataformas para hacer campaña: “Si bien es legítimo que defienda su obra de Gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, dijo el funcionario que no mencionó a Iván Cepeda, candidato de la continuidad.

Tanto el senador Cepeda como el propio Petro han evadido las críticas al legado del Pacto Histórico en estos cuatro años. Por eso en ese video de balance es más diciente lo que el Presidente decide omitir y la poca rendición de cuentas. Ese es otro retrato de lo que fue su mandato: la disputa por el relato y la narrativa más allá de la realidad. En las respuestas a la publicación, precisamente, hubo opositores, expertos y usuarios que le recordaron todo lo otro que pasó por alto.

Fracaso de la paz total y disparada la criminalidad

Uno de los temas que más preocupa a la gente es la inseguridad en las calles y los campos. No es un tema de percepción sino que se traduce en un deterioro sostenido de la seguridad reflejado en cifras. La política de la “paz total”, según expertos, ha sido un fracaso.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a corte de diciembre de 2025 había 27.121 hombres en armas y redes de apoyo de grupos armados, lo que representó un incremento del 23,5 % comparado con el 2024: 5.000 personas más para el crimen en un año, mientras programas como los de los “gestores de paz” no tienen norte. Además, el año pasado, los enfrentamientos entre grupos armados crecieron 34 %; los ataques contra la infraestructura aumentaron 58 % y 62% contra la Fuerza Pública.

El Clan de Golfo, bajo este Gobierno, ya va en casi 10.000 integrantes y le siguen el ELN con 6.800 y las disidencias del EMC, ideradas por ‘Iván Mordisco’, tienen 4.000 hombres. En lo corrido de este año, a corte de mayo, van 55 masacres en el país.

Pero hay otras cifras peores porque tocan directamente la vida de la gente que queda a merced de los criminales. Un estudio del docente e investigador Camilo Solano, construido a partir de cifras del Ministerio de Defensa, revela que el país llegó a un incremento histórico en extorsiones: 13.577 casos, frente a 8.278 en el Gobierno Duque.

En secuestro simple, Petro registra 162 casos (año 3), frente a 70 en Duque, 92 en Santos II, 133 en Santos I y 130 en Uribe II. El cambio es más fuerte en secuestro extorsivo, pues el actual mandatario alcanza 377 casos, comparado con 91 en Duque, 108 en Santos II, 168 en Santos I y 176 en Uribe II.

En terrorismo, Petro alcanzó 1.285 casos, mientras Duque cerró en 548, Santos II en 751, Santos I en 689 y Uribe II en 328. “En cuanto a actos de extorsión y terrorismo, también hay una tendencia preocupante llegando a máximos históricos”, resumió el investigador Solano.

El panorama también es negativo en la disparada de cultivos de uso ilícito pues, dicen, el Gobierno se ha concentrado más en la erradicación y sustitución, sin resultados realmente notables.

Cepeda, uno de los arquitectos de la “paz total” y negociador del fracaso de las mesas con el ELN, no ha asumido responsabilidad en este tema.

Crisis del sistema de salud, ¿sin cura?

De las pocas cosas que dice el video del presidente Petro sobre salud, un tema que afecta tanto a los colombianos, es que “se necesita una reforma a la salud”.

Durante estos cuatro años el país quedó atrapado en esa discusión y mientras tanto los pacientes mueren en los centros de salud al borde del colapso, se dejan de entregar medicamentos vitales y cada vez aumentan las quejas por el pésimo servicio en las EPS intervenidas por el Gobierno –cuyos estados financieros, por ejemplo con Nueva EPS, se han ocultado–.

Entonces, frente a este panorama, la actitud del Presidente y de su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad. El país recuerda la famosa frase (o amenaza) del “shu, shu, shu” dicha por Petro en una entrevista sobre lo que le pasaría al sistema de salud si el Congreso no aprobaba su reforma, como terminó sucediendo.

Claro, el sistema de salud venía con muchos problemas estructurales, pero expertos coinciden en que en estos últimos cuatro años se han exacerbado. Algunos datos: según la Defensoría del Pueblo, las quejas por falta de oportunidad en citas con especialistas se duplicaron en solo dos años. A la par, los retrasos en la entrega de medicamentos y el incumplimiento de tutelas crecieron sustancialmente.

El sistema de aseguramiento en salud cerró con un patrimonio negativo cercano a los 16, 86 billones y pérdidas acumuladas por 6,5 billones. Esta desfinanciación provocó escasez de medicamentos y deudas crecientes con hospitales y clínicas.

El tiempo promedio para que un paciente sea dado de alta o ingresado pasó de 6‑8 horas a 24, según Bloomberg.

La cura del Ejecutivo para esa crisis se concentra en una política que también tiene líos y son los Equipos Básicos de Salud (EBS) que le cuestan al país cerca de 5 billones de pesos, pero que como reveló La Silla Vacía se usan para hacer política en cabeza del ministro Jaramillo y tampoco tienen resultados palpables pues el MinSalud prefiere omitir la trazabilidad de su gestión.

Falta de lucha contra la corrupción: escándalos

En el video, el presidente Petro dice que Colombia ahora “deja de aceptar lo que parecía normal”. Sin embargo, omite hablar de la corrupción en su Gobierno, que parece ser normalizada y que para su cúpula no merece el mismo rechazo que con gobiernos anteriores.

El saqueo a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) equivale a 1.2 billones de pesos perdidos por los carrotanques que nunca se entregaron, los sobrecostos en licitaciones y los contratos con líos.

Por ese escándalo están implicados funcionarios de la entraña del jefe de Estado, como el prófugo Carlos Ramón González o los ministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), entre otros corruptos como Olmedo López y Sneyder Pinilla. Pero también están en la cárcel los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, además de la participación de varios congresistas de todos los partidos.

La lista de escándalos sigue. EL COLOMBIANO ha documentado otros 24. Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública.

Ahí están las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, que comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentado como voluntario— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones.

El capítulo de las violencias de género tuvo nombres propios y ruido persistente: Víctor de Currea-Lugo, señalado por presunto acoso y aun así orbitando cerca del poder; Hollman Morris, con denuncias laborales en RTVC y actuaciones de la Procuraduría; y Diego Cancino, con denuncia penal por presunto acoso sexual y una agencia especial creada por el Ministerio Público. Tres casos distintos, una misma incomodidad política.

También estuvo el frente familiar. El hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, con investigaciones abiertas y acusado del promover “el pacto de La Picota”.

El gabinete, por su parte, vivió en modo puerta giratoria: 65 ministros han pasado por el Gobierno desde agosto de 2022, 15 cambios solo en 2025, y carteras donde hasta cuatro titulares ocuparon el mismo despacho, convirtiendo la estabilidad en anécdota.

RTVC aportó su propio libreto: investigaciones de la Procuraduría por contratación, demandas por pluralismo informativo, un modelo con más de 1.800 contratistas y denuncias por contratos sin licitación de miles de millones. En energía, Ricardo Roa permaneció en Ecopetrol cargando la sanción del Consejo Nacional Electoral por rebasar topes de campaña en $5.300 millones y por contratos aéreos que nunca se fueron del todo.

A finales de 2025, otro ruido empezó a colarse en el Palacio y relacionaba altas esferas del poder militar. Investigaciones revelaron chats y archivos incautados a alias ‘Calarcá’, de las disidencias de las Farc, que apuntaron a contactos con el general Juan Miguel Huertas, alto mando del Ejército, y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia.

En fin. La cuenta de escándalos es inagotable.

“¿El poder para qué?”, se pregunta Petro en el video. Quizá convenga recordar una cita de la novela El Gatopardo (1958): “si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”.

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