Impulsada por las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano, la Ley 2494 exige que todas las encuestas electorales se basen en muestras probabilísticas y sean auditadas por ciudadanos, requisitos que, según el congresista resultan difíciles de cumplir y han provocado que consultoras tradicionales salgan del país

El senador Carlos Fernando Motoa, que pertenece a la bancada de Cambio Radical en el Legislativo, anunció el martes 19 de mayo que presentará en los próximos días un proyecto de ley para derogar la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas, tras afirmar que la normativa, en vez de fortalecer la democracia, genera zozobra y obstaculiza el acceso ciudadano a información electoral confiable.

La ley, que fue impulsada por las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano, la primera de ellas candidata presidencial por el Centro Democrático, exige en la actualidad que todas las mediciones se basen en muestras probabilísticas y sean objeto de auditoría ciudadana en todos los sondeos electorales, en requisitos que varios actores, entre ellos Motoa, consideran inabordables para el sector.

La Ley 2494 ha provocado —según el congresista— la salida del país de firmas tradicionales y la proliferación de estudios informales sin rigor metodológico. El caso más reciente es el retiro de Gad3, consultora española que hacía encuestas a RCN, tras advertir que la normativa vuelve “inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”.

Al argumentar su iniciativa desde la Comisión Primera del Senado, Motoa fue claro en sus argumentos. “Se trata de una norma que ha generado zozobra e incertidumbre, vulnera principios democráticos y dificulta que los colombianos tengan acceso a la información de cara a las contiendas electorales”, indicó el congresista, que enfatizó que la ley “no protege al ciudadano: protege el medio al debate público”.

Y agregó, en consecuencia, que Colombia necesita “más transparencia, más libertad y más garantías democráticas”, no una “censura disfrazada de regulación”. Este anuncio se conoció en un panorama en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a encuestadoras y medios a un foro para debatir la aplicación de la norma en el país a 12 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

Álvaro Mauricio Montenegro, miembro de la Comisión Técnica de Encuestas del CNE, admitió ante las empresas avances para que existan modificaciones. “Ya estamos trabajando en un documento para proponerle al legislativo un cambio en la ley”, indicó el funcionario, en declaraciones retomadas por El Tiempo, que aclaró que la intención es modificar la ley misma, no la resolución reglamentaria.

¿Qué dice la Ley de Encuestas que ha causado controversia?

La Ley 2494 establece que las encuestas públicas deben sustentarse exclusivamente en muestras probabilísticas y ser auditables por cualquier ciudadano, sin que estos requisitos apliquen para estudios privados; un detalle que diversos expertos han señalado como un mecanismo de privatización de los datos que encarece la producción estadística y desincentiva la publicación de estudios.

El presidente del Centro Nacional de Consultoría, Pablo Lemoine, advirtió en septiembre de 2025 a Semana que la norma ha promovido la aparición de estudios informales sin ficha técnica ni responsable claro. “Esto ha llevado a que aparezca nueva información que trata de sustituir lo que divulgaban las encuestas. Ahora están circulando estudios que ni siquiera tienen ficha técnica y que nadie responde“

En consecuencia, es por esto que los críticos a la normativa se refieren a la misma como “ley mordaza”, que, en concepto de Lemoine, prohibió “la fuente de información que sí tiene ficha técnica, que tiene una empresa que responde y un Consejo Nacional Electoral (CNE) que le regula”, expresó el jefe de la firma encuestadora, que estará atento a los ajustes que se propongan al proyecto en la próxima legislatura.

Es válido destacar que Montenegro también reconoció ante las empresas la necesidad de revisar los márgenes de error exigidos a nivel departamental y sectorial, así como de actualizar los métodos estadísticos permitidos por la ley. “Hay otras formas de muestreo más modernas” que, según su planteamiento, deberían ser discutidas con el sector antes de proponer cualquier modificación.