El Ministerio de Ambiente radicó este lunes una tutela ante el Consejo de Estado para que se decida de fondo sobre las Directrices de Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá, un documento frenado por medidas cautelares hace más de un año pese a que la cartera asegura haber cumplido las órdenes judiciales, en momentos en que el país enfrenta el riesgo de un fenómeno de El Niño fuerte que comprometería el agua de los más de 10 millones de habitantes de la región.

La tutela invoca dos derechos fundamentales: el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. En el documento, el Ministerio le pide al alto tribunal una decisión “motivada, definitiva, oportuna y congruente con el alcance fijado por el Consejo de Estado”.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, dio un paso poco frecuente: marcó distancia pública de un tribunal en medio de un proceso abierto. “Respetamos, pero manifestamos también nuestro desacuerdo con las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene la medida cautelar y la suspensión de los alineamientos de la sabana, los cuales buscan dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993.

En su artículo 61, esta ley ordenó al Ministerio de Ambiente expedir las disposiciones necesarias para la protección ambiental y el ordenamiento ecológico de la sabana de Bogotá como área de interés nacional”, manifestó.

La cartera sostuvo que la cautelar es de “carácter procedimental” y, sin embargo, sigue bloqueando un instrumento ambiental de fondo construido durante más de dos años. “Mientras no se adopten las Directrices, la Sabana de Bogotá continúa sin un marco ambiental integral que oriente la protección de sus humedales, páramos, acuíferos, suelos rurales y demás ecosistemas estratégicos”, expuso el Ministerio.

El choque empezó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió las directrices y dictó las medidas cautelares. El Ministerio acudió al Consejo de Estado y, en junio de ese año, el tribunal le ordenó concertar con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), instancia que reúne al Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y representantes de los 46 municipios de la cuenca.

Entre junio y noviembre de 2025 se realizaron ocho jornadas formales con el CECH. El proceso terminó con una audiencia pública el 26 de noviembre y, el 4 de diciembre, el propio CECH le pidió al tribunal levantar las medidas cautelares al considerar cumplidas las órdenes.

Pese a esa solicitud, el 12 de febrero de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo la suspensión. El 18 de febrero el Ministerio apeló y anunció una nueva revisión ante el Consejo de Estado. Tres meses después, ante la falta de pronunciamiento, llegó la tutela.

Según el balance oficial divulgado este lunes, el Ministerio lideró junto al CECH más de 168 mesas de trabajo, ocho jornadas formales con la instancia, espacios de participación territorial y mesas técnicas e institucionales, con la asistencia de más de 10.000 personas, entre autoridades locales, expertos, organizaciones sociales, ciudadanía y actores territoriales.

La cartera sostuvo que con ese proceso se construyeron “acuerdos históricos alrededor de la regulación hídrica, la protección de ecosistemas estratégicos y el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

Las Directrices se apoyan en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que declaró a la Sabana, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como área de interés ecológico nacional. El documento define qué se puede hacer y qué no en 427.162 hectáreas de 31 municipios alrededor de la capital: dónde se puede construir, qué zonas se protegen, cómo se manejan ríos, quebradas, humedales y bosques de alta montaña.

Una vez en vigencia, las directrices quedarían en el nivel 1 de prevalencia de las determinantes de ordenamiento territorial, según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, lo que significa que estarían por encima de los planes de ordenamiento de los municipios. Ese punto ha sido fuente de tensión con las administraciones locales.

El trasfondo climático no es menor. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó del 62 % al 82 % la probabilidad de un fenómeno de El Niño entre mayo y julio de 2026, y advirtió que podría llegar al 96 % a finales de año, con intensidad entre fuerte y muy fuerte. En los primeros 13 días de mayo, según el instituto, ya se registraron temperaturas más altas de lo habitual y una reducción notoria de las lluvias.

“Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país”, dijo la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.

Bogotá viene de un racionamiento de agua que se extendió entre abril de 2024 y abril de 2025, el más prolongado en la historia reciente de la capital, y el 11 de febrero de 2026 el Idiger reportó 41 emergencias por lluvias en la ciudad.

LAS VOCES EN CONTRA

El proceso no ha sido pacífico. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en su momento que se enteró de los planes del Gobierno por la prensa. El Ministerio respondió que convocó 30 reuniones a las que la Alcaldía envió delegados “sin poder de decisión”.

ProBogotá Región respaldó la decisión del Tribunal de mantener el freno. “La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no levantar la medida cautelar se fundamenta en problemas estructurales del instrumento propuesto por el Ministerio de Ambiente, no en una falta de conciencia ambiental ni de participación”, sostuvo la organización, que apuntó al artículo 311 de la Constitución, según el cual el uso del suelo es competencia de los municipios.

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en marzo de 2025, también rechazó el proyecto al considerar que afectaba la autonomía territorial y dejaba en el limbo obras de gran escala.

Con la tutela, la última palabra vuelve a quedar en el Consejo de Estado, que deberá decidir si se mantiene un freno que ya cumplió más de 14 meses sobre las reglas ambientales más amplias diseñadas para la Sabana en más de tres décadas.

BOGOTÁ, (Colprensa).