La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo una serie de observaciones sobre la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados ilegales y la suspensión de órdenes de captura contra algunos integrantes de estas organizaciones.

Con base en esas observaciones, le pidió al mandatario que revalúe esas decisiones por los riesgos que trae para las comunidades de las zonas afectadas, en medio de esta época electoral.

Aunque la defensora reconoció que la creación de estas zonas y la solicitud de levantamiento de órdenes de captura e incluso de solicitudes de extradición es potestad del presidente, señaló que estas decisiones solo se pueden tomar si se cumplen unas condiciones claras, que en este caso no ocurre.

“El gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial, personal, mecanismos efectivos de control y verificación y solo puede establecerlas en un estado avanzado del proceso de paz”, manifestó Marín.

Un estado avanzado del proceso de paz implica, según ella, que la creación de las zonas debería estar orientada a la dejación de armas y al tránsito a la legalidad, y en el caso de los grupos delincuenciales, a que allí se verificara la entrega y sometimiento al estado de derecho de los integrantes de este grupo.

Según Marín, no hay elementos que indiquen que ninguno de estos objetivos pueda alcanzarse antes del próximo 7 de agosto.

La defensora advirtió sobre cuatro riesgos que se presentan actualmente por la forma como se está llevando a cabo la creación de estas zonas y el levantamiento de las órdenes de captura: se está avanzando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas; la creación de las zonas genera expectativas para los grupos ilegales en un contexto electoral; persisten riesgos de seguridad para las comunidades y para quienes se concentren, y existe un riesgo de afectación de los pueblos étnicos afectados por la presencia de las zonas.

BOGOTÁ (Colprensa)