La Convención Nacional Campesina (CNC) emitió un vehemente pronunciamiento dirigido al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional, manifestando su profunda preocupación frente a los recientes debates jurídicos y legislativos sobre la Jurisdicción Agraria y Rural.

La organización agraria advirtió que cualquier iniciativa que pretenda trasladar de forma exclusiva a los jueces las funciones de administración, clarificación, recuperación y adjudicación de baldíos —hoy en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)— representaría un grave retroceso para la Reforma Rural Integral y los derechos históricos del campesinado.

Para el colectivo, la ANT debe mantener sus facultades como la máxima autoridad administrativa de tierras del Estado colombiano. La CNC argumentó que debilitar sus competencias funcionales para delegarlas al aparato judicial no solo ralentizaría los procesos de formalización de la propiedad rural, sino que elevaría las barreras burocráticas y alejaría la resolución de los conflictos de las realidades territoriales.

En ese sentido, señalaron que la nueva Jurisdicción Agraria debe operar bajo un principio de complementariedad con la institucionalidad existente, sumando esfuerzos institucionales en lugar de desmantelar las herramientas administrativas diseñadas para recuperar los bienes baldíos de la Nación.

En su declaración, la Convención instó al Legislativo a acatar el mandato del artículo 64 de la Constitución Política —modificado por el Acto Legislativo 01 de 2023 que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional— y a alinearse con los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

El gremio social rechazó lo que considera una presunta parcialización del Congreso hacia los sectores de la gran propiedad rural representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), criticando que el debate político de oposición al gobierno de Gustavo Petro termine deslegitimando las necesidades del sector agrario.

Finalmente, el documento hace un llamado directo a las altas cortes, a las bancadas parlamentarias y al Ejecutivo para frenar la polarización institucional que pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la seguridad jurídica del agro.

La CNC insistió en que la paz territorial requiere una articulación armónica entre la eficiencia del poder ejecutivo y la imparcialidad del judicial. Ante este escenario de tensión normativa, la organización convocó formalmente al campesinado, a los procesos étnicos y a los movimientos populares a declararse en movilización y asamblea permanente en defensa de la tierra y de la institucionalidad pública agraria.

• COLPRENSA