Asocoen denunció falta de transparencia y participación en la ejecución de la Ley de Endometriosis, aprobada hace dos años y aún sin avances visibles.

Punzadas constantes en la cabeza; un ardor profundo en la pelvis; piernas y espalda incapacitadas por inflamación; náuseas; mareo; fatiga extrema y sangrado vaginal incontrolable; esos son los síntomas que miles de mujeres con endometriosis padecen a diario. Mientras tanto, el mundo a su alrededor les pide seguir rindiendo: que trabajen, que cuiden a otros, que estudien y que cuiden sus relaciones interpersonales. Ahora, les ocultan información sobre una ley que podría cambiarles la vida.

En medio de la injusticia del sistema social y de salud se fundó Asocoen (Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad).

Liderada por Luz Marina Araque, la organización sin ánimo de lucro recolectó, durante años, información sobre la enfermedad. Aquel trabajo no fue algo mínimo: fue sobre eso que se hincaron los cimientos de la Ley de Endometriosis.

Sancionada en 2023 por el presidente Gustavo Petro, aquella legislación marcó un antes y un después en la lucha de las mujeres que padecen endometriosis, pues por fin el Estado exigió medidas puntuales para atender la enfermedad.

Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no ha ejecutado ninguna acción ni política pública al respecto. Ante el silencio, Asocoen mandó varios derechos de petición desde febrero de 2026 pidiendo información sobre el proceso.

La primera respuesta fue más silencio. La segunda, dice la organización, fue dada “de manera insuficiente, tardía y sin contenido sustantivo”, pues solo les entregaron un cronograma, pero sin explicación y sin estar abiertos a escuchar opiniones.

Para Asocoen, esa es la muestra de que “no está prevista la participación de organizaciones de pacientes en la formulación del Plan de Acción”, y que las promesas sobre la Ley “no pueden quedar en el papel”.

“Durante más de 14 años hemos construido información clave sobre la realidad de las pacientes. Excluirnos no es un detalle técnico, es una decisión que debilita la implementación de la ley”, agregaron.

Frente a los hechos, las líderes del colectivo radicaron un derecho de petición ante el juzgado veintiséis de familia de Bogotá, en donde un juez les dio la razón: el Ministerio no tendría por qué ocultarles información o dificultarles la participación en el desarrollo de la política pública.

El fallo ordenó al Ministerio de Salud responder de manera completa, clara y sustentada cada una de las solicitudes presentadas por la organización.

La entidad tendrá un plazo de 48 horas después de ser notificada para entregar la información requerida y explicar las razones técnicas, jurídicas y administrativas de su respuesta. Además, el fallo deberá ser comunicado a las partes involucradas y, si no es apelado, será enviado a la Corte Constitucional para una posible revisión.

Por el momento, la lucha de las mujeres que padecen la enfermedad y se organizan para combatirla (y superar las barreras del sistema) sigue en un punto crítico. Hace meses, en conversación con EL COLOMBIANO, Araque explicó que también les preocupa que no haya presupuesto para ejecutar el plan final.

Durante aquella conversación, EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Salud para preguntar sobre el presupuesto; sin embargo, hoy (meses después) sigue sin haber respuesta.

“Esto no se trata de la organización, se trata del derecho que miles de mujeres tienen de saber qué está pasando con la ley”, dijeron desde Asocoen.

• colprensa