JEP ordena proteger batallón charry solano para iniciar su memorialización

Morales Pacheco
Publicado el May 12, 2026
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz decretó medidas cautelares de carácter restaurativo por el término de un año sobre las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, antiguo Batallón Charry Solano, con el propósito de proteger y conservar este recinto militar para garantizar los derechos a la verdad y la memoria histórica de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a partir de una solicitud ciudadana que busca transformar estos escenarios en espacios públicos de pedagogía democrática.
El Auto SAR AI-029 de 2026 determinó que existen elementos para afirmar la intervención del Batallón Charry Solano en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán y solicitante de la medida judicial, explicó a Colprensa que estas disposiciones no se dictaron "con fines de prospección, sino con fines de memorializar espacios".
La politóloga puntualizó que la unidad militar hace parte de los "lugares que fueron escenario de horror, de torturas, de graves violaciones a los derechos humanos".
El expediente del tribunal transicional documentó testimonios que indican que la mencionada instalación castrense funcionó como un lugar de detención transitoria donde se cometieron torturas contra sospechosos de integrar organizaciones de izquierda.
Las averiguaciones judiciales señalaron que la guarnición militar albergó interrogatorios y sirvió para la coordinación de operaciones ilegales bajo una lógica de encubrimiento.
Urán Bidegain señaló que la resignificación de las estructuras físicas donde se cometieron crímenes atroces es un deber del Estado respaldado en la legislación vigente, e indicó que el objetivo central de esta iniciativa es "educar a la sociedad actual sobre los abusos del poder, la infraestructura del poder, la relación entre espacio y violencia, y por qué es importante visibilizarlo para que no vuelva a suceder".
Frente a la transformación material del lugar, la investigadora sugirió que las Fuerzas Militares deberían ceder áreas a la ciudadanía, justificando que los cantones operan en terrenos extensos financiados con fondos públicos.
La solicitante aclaró que la ejecución de los espacios de memoria debe recaer en manos de expertos técnicos en memorialización y no dejar la carga en las víctimas, argumentando que su rol principal es entregar sus testimonios.
La providencia judicial ordenó la apertura de un proceso de concertación para definir la ruta restaurativa, el cual vinculará a la solicitante, familiares de otras víctimas, los Ministerios de Defensa y Educación, la Procuraduría General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Asimismo, la sección instruyó a la Unidad de Investigación y Acusación para que localice a sobrevivientes documentados en el expediente, como Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci y Guillermo Antonio Marín Martínez, con el fin de consultarles su interés en intervenir en la consolidación de estas medidas.
La vocera de la Fundación Carlos Urán aclaró que su petición formal ante la justicia transicional no se limita a esta unidad militar, pues desde 2023 radicó solicitudes para memorializar las instalaciones de las caballerizas del Cantón Norte, la Casa del Florero y el Cementerio Sur.
"Yo aplico justamente a la memorialización porque para mí tiene un impacto mucho más amplio que simplemente lo que suceda en los estrados", concluyó la víctima, reiterando que la memoria es un mecanismo que regula a la sociedad y le pone límites a los abusos de autoridad.
Excavaciones irregulares y rastros biológicos
La orden judicial de resignificar el predio operará a la par de las medidas cautelares previas emitidas para proteger las labores de exhumación, luego de que el tribunal transicional detectara alteraciones no autorizadas en el terreno.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó hace un año que el tribunal decretó la protección sobre cerca de 200 hectáreas de la Escuela de Logística para garantizar la búsqueda de los desaparecidos de manera aislada.
"Se detectó que un espacio había sido intervenido sin nuestra autorización. Eso encendió las alarmas, porque la medida cautelar ya había sido notificada", precisó el togado.
Los expedientes forenses detallaron que en febrero de 2026 una comisión judicial encontró una excavación reciente en uno de los puntos de interés señalados por el testigo y exmiembro de inteligencia José Leonairo Dorado Gaviria, lugar donde presuntamente se encontrarían los restos de la militante del M-19 Irma Franco Pineda. Junto al hueco se localizaron dos palas, una camiseta militar y fragmentos de plástico.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses notificó a la jurisdicción que uno de esos plásticos arrojó un resultado positivo para sangre humana. En la misma zona, identificada como la "Serviteca", las autoridades recuperaron un fragmento óseo humano correspondiente a la costilla de un individuo menor de 20 años.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió en sus autos que la presencia de tejido hemático "solo se explica a la luz de la utilización del predio cautelado como sitio de disposición de cuerpos".
Por el incumplimiento de las órdenes de protección y la alteración irreversible del área, el tribunal sancionó al director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos.
Ramelli indicó que la jurisdicción denunció la intervención ante la Fiscalía General de la Nación para determinar las responsabilidades penales del caso.
El presidente del tribunal agregó que, tras el incidente, la jurisdicción expresó su inconformidad al Ministerio de Defensa. Señaló que el entonces jefe de esa cartera ordenó el ingreso de la Policía Militar para garantizar la custodia de las áreas afectadas y permitir la continuidad ininterrumpida de las labores de prospección.
BOGOTÁ, (Colprensa).-
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Morales Pacheco
Publicado el May 12, 2026


