El lunes 11 de mayo, en un trino enviado desde su cuenta personal de X, el presidente, Gustavo Petro, pidió "demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente" del fallo del Consejo de Estado que suspendió el Decreto 415 de 2026, con el que el Ejecutivo pretendía trasladar cerca de $25 billones desde las administradoras privadas de pensiones a Colpensiones, al considerar que la decisión se profirió "a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente", en referencia a Juan Enrique Bedoya Escobar, magistrado de la Sección Segunda del alto tribunal.

El episodio, que parecía una nueva reacción del Presidente frente a una decisión judicial adversa, terminó marcando un punto distinto en la relación entre el Ejecutivo y las cortes: por primera vez durante el cuatrienio, el mandatario pasó de los cuestionamientos públicos y políticos contra los jueces a pedir de manera explícita una denuncia penal contra un magistrado por el contenido de una providencia judicial.

La reacción institucional tampoco tuvo antecedentes recientes. En menos de 48 horas se pronunciaron la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Plena del mismo tribunal, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el procurador, Gregorio Eljach, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y sectores de jueces y magistrados, mientras la CEJ anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial para pedir medidas de protección a favor del magistrado Bedoya Escobar y de la Rama Judicial.

Para Hernando Herrera, director de la CEJ, el episodio no fue aislado sino el punto más alto de una confrontación sostenida. "Hemos tenido ocasión de pronunciarnos en el pasado de manera reiterada cada vez que el Presidente de la República, de forma obsesiva y maniática, ataca a la rama y a funcionarios judiciales en particular", dijo a Colprensa.

"Lo hace además en circunstancias de gran inseguridad no solamente en lo urbano sino también en lo rural en el país, en época electoral, en la que están caldeados los ánimos, y por eso este es un llamado nuevamente a la calma, a la mesura y sobre todo al respeto de la separación de poderes", agregó Herrera, quien explicó que la CEJ pedirá ante la CIDH "medidas cautelares de protección" para los magistrados del Consejo de Estado y, en particular, para Bedoya Escobar.

"En lo que hace a la ONU, específicamente también, que se ordene un monitoreo permanente de la situación compleja que viven en este momento los funcionarios judiciales", señaló.

UN PATRÓN QUE SE CONSOLIDÓ EN CUATRO AÑOS

La revisión de los principales fallos adversos al gobierno Petro muestra un patrón repetido: cada vez que una alta corte frenó una medida del Ejecutivo, el primer mandatario respondió con declaraciones, trinos o alocuciones en las que cuestionó la decisión judicial, atribuyó motivaciones políticas o económicas a los magistrados y señaló la existencia de intereses de "banqueros", "élites" o sectores económicos detrás de las providencias.

Herrera afirmó que "durante todos estos cuatro años prácticamente no hubo semana en la que no criticara, fustigara de manera irresponsable a la rama, utilizando todo tipo de epítetos, de términos irresponsables, hostigándolos, acosándolos".

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Lara, ubicó la confrontación en un contexto regional.

"Los ataques permanentes que ha tenido Petro son iguales a los de Andrés Manuel López Obrador en México, o a los del presidente Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, para minar las democracias en esos países", afirmó.

Para Lara, el trasfondo de ese tipo de confrontaciones es "tener en su bolsillo, sea él o cualquier otra persona, las cortes, los jueces, los órganos de control, tal y como los tenía Chávez en Venezuela".

LOS HITOS DE LA CONFRONTACIÓN

El primer gran choque entre el gobierno Petro y una alta corte ocurrió en octubre de 2023, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1085 con el que el Ejecutivo había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

La decisión, adoptada con ponencia conjunta de los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes, abrió la caída posterior de los 13 decretos derivados de esa emergencia. Aunque en ese momento el Presidente evitó un enfrentamiento directo con la Corte, el Gobierno defendió públicamente las medidas y cuestionó el alcance de la decisión.

La confrontación escaló en mayo de 2024, cuando la Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, cartera impulsada por la vicepresidenta Francia Márquez. La Sentencia C-161, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, concluyó que hubo vicios de trámite en el Congreso. Petro evitó entonces un ataque frontal contra la Corte, pero sectores del Gobierno insistieron en que la decisión frenaba una política orientada a poblaciones vulnerables.

En septiembre de 2024, el choque alcanzó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, dijera que se estaba pensando "cómo se acota” o “cómo se cierra" ese tribunal. El entonces presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, respondió que "cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país", mientras el entonces presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, respaldó públicamente la continuidad del tribunal. Patiño terminó retractándose días después.

Pero el episodio que convirtió la confrontación en una disputa permanente fue la reforma pensional.

El 17 de junio de 2025, la Corte Constitucional suspendió la Ley 2381 de 2024 mediante el Auto 841, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, al encontrar vicios de trámite en la Cámara de Representantes. Desde entonces comenzó el pulso más prolongado entre el Ejecutivo y el alto tribunal.

La Presidencia, a través del secretario jurídico Augusto Ocampo, presentó al menos seis recusaciones contra Ibáñez —en septiembre de 2024, marzo, mayo, julio, octubre y noviembre de 2025, y nuevamente en febrero de 2026—, todas rechazadas por la Corte Constitucional por falta de pertinencia.

El empate 4-4 registrado en diciembre de 2025 obligó a nombrar al conjuez Carlos Pablo Márquez para destrabar la discusión de fondo. En medio de ese escenario, Petro elevó el tono de sus cuestionamientos y acusó a los magistrados de "egoísmo social" y de "sabotear la reforma". En febrero de 2026, durante un evento en Ibagué, afirmó: "El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado, ojalá".

La confrontación volvió a crecer entre mayo y julio de 2025, cuando la Corte Constitucional tumbó cinco decretos expedidos durante la conmoción interior en el Catatumbo, varios por errores formales relacionados con firmas ministeriales. Petro respondió entonces con un mensaje que se convirtió en una de las frases más repetidas de su disputa con las cortes: "Por encima de cualquier criterio jurídico está el principio esencial del Estado a proteger la vida de sus conciudadanos".

En julio de 2025, el Consejo de Estado le ordenó retractarse por llamar "criminal" al dueño del grupo Keralty, Joseba Grajales, y afirmar que "debe irse" del país. La providencia concluyó que las expresiones del mandatario constituyeron "una orden de expulsión sin fórmula de juicio". Lejos de cerrar el episodio, Petro volvió a referirse al caso durante una movilización en Ibagué y reiteró sus críticas contra Keralty y el sistema de salud.

Pocas semanas después, la Corte Constitucional ordenó al presidente Petro retractarse por llamar a un grupo de periodistas "muñecas de la mafia" y "periodistas del poder". La Sentencia SU-432 de 2025, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar, concluyó que la aclaración posterior del mandatario no rectificó sus afirmaciones iniciales sino que las reafirmó.

En abril de 2026 llegó otro de los principales reveses judiciales para el Gobierno. La Corte Constitucional tumbó el Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el que el Ejecutivo había declarado una nueva emergencia económica buscando recaudar $11 billones. La Sentencia C-075, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, fue la primera que dejó sin efectos completos un estado de excepción durante el cuatrienio. Petro respondió entonces: "Nos quieren ahorcar", mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que "la Corte tiene un odio político en contra del Gobierno".

Días después, el 6 de mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió el Decreto 0182 que ordenaba el traslado forzoso de usuarios entre EPS. Petro respondió en X: "El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud".

EL ÚLTIMO CHOQUE

El 11 de mayo, con el fallo que suspendió el traslado de $25 billones pensionales a Colpensiones, el enfrentamiento llegó a un nuevo punto.

Tras la decisión del Consejo de Estado, Petro sostuvo que el magistrado Bedoya Escobar había actuado "a favor del interés de los banqueros" y pidió denunciarlo penalmente por prevaricato. Después, en una cadena de mensajes publicados en X, insistió en que el Presidente tenía "la obligación constitucional" de denunciar lo que consideraba un delito.

"Jamás se puede permitir golpes del Estado contra la dignidad del pueblo", escribió el mandatario. En otro mensaje afirmó: "Lo que hizo el magistrado al violar la ley, que no está en sus funciones, y negar el pago de pensiones, derecho ya adquirido, a trabajadores que cumplieron su edad y requisitos es un delito y punto".

El presidente Petro también respondió directamente a los comunicados de la Rama Judicial y del Consejo de Estado. Tras el pronunciamiento del magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema, quien señaló que "no es normal que se agreda a una de las ramas del poder", Petro escribió que "varios magistrados me han cuestionado incluso groseramente y solo respondo con argumentos".

Cuando el Consejo de Estado publicó la frase "a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", el mandatario respondió que "el derecho a la pensión no es un derecho desbordado y los banqueros no tienen ningún derecho a robarse el ahorro de los cotizantes".

Y después del anuncio de la CEJ sobre acudir a instancias internacionales, Petro sostuvo que "el pueblo de Colombia debe pedir protección por sus derechos fundamentales primero a la Corte Constitucional y a la justicia del mundo".

En uno de sus mensajes más recientes, el mandatario reiteró: "En mi convicción personal el magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional (...) comete el delito de prevaricato".

EL LÉXICO DEL ENFRENTAMIENTO

Las respuestas del Jefe de Estado frente a decisiones judiciales adversas mantuvieron un patrón discursivo constante durante el cuatrienio. Petro habló de "golpe blando", "golpe de Estado contra el pueblo constituyente", "sabotaje" a las reformas y decisiones adoptadas en favor de "banqueros" o "élites".

También contrapuso en varias ocasiones el "poder constituyente" frente a los "poderes constituidos", especialmente cuando cuestionó decisiones relacionadas con sus reformas sociales o económicas.

Para Lara, ese lenguaje tuvo efectos institucionales. "Desde la Corporación de Jueces y Magistrados hemos estado permanentemente rectificando al Presidente de la República en relación con sus afirmaciones de que exista una justicia sesgada, una justicia elitista, una justicia que está en contra del pueblo colombiano cuando ello es falso", afirmó.

Herrera sostuvo que el Gobierno optó por responder políticamente a decisiones judiciales en lugar de acudir únicamente a mecanismos procesales. "El Presidente, en vez de optar por los caminos institucionales, recursos como los tendría —reposición, apelación, eventualmente acción de tutela—, decide atacar la rama", señaló.

EL ESPEJO REGIONAL

Lara relacionó el caso colombiano con experiencias de otros países de América Latina. Mencionó a México, Venezuela, Ecuador y Bolivia como ejemplos de confrontaciones entre gobiernos y sistemas judiciales.

"Miren ustedes lo que está pasando en México, terrible, una Corte Suprema de Justicia que es lo que quiere Petro, así como lo quiso Andrés Manuel López Obrador", afirmó.

Herrera también advirtió sobre el deterioro institucional que, a su juicio, dejó la confrontación permanente entre el Ejecutivo y las cortes. "Esperemos que el próximo Presidente, cualquiera que sea, tenga la posibilidad de seguir adelante respetando a la rama judicial y sobre todo devolviéndole al país la buena línea de respeto institucional", dijo.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

La novedad del episodio Bedoya no está solo en la dureza del pedido presidencial sino en la respuesta institucional. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial —que reúne a los presidentes de las altas cortes, a la Fiscalía y a representantes de los empleados judiciales— emitió un pronunciamiento conjunto recordando el artículo 113 de la Constitución sobre separación de poderes.

El Consejo de Estado, en un comunicado difundido este martes, señaló que el "tono incendiario del primer mandatario" exigía una respuesta institucional y advirtió que "la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional". El tribunal añadió que "a poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos".

Y la CEJ decidió acudir a los organismos internacionales. Herrera explicó en qué consiste lo que se pedirá. "Las medidas que se van a solicitar en lo que hace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son medidas cautelares de protección a los magistrados del Consejo de Estado y a esa corporación, y en particular en este caso, por los ataques aleves e irresponsables recientes del Presidente de la República contra el magistrado Bedoya, en lo que hace específicamente de medidas cautelares individuales a su favor", indicó.

Frente a la ONU, agregó, "se ordene un monitoreo permanente de la situación compleja que viven en este momento los funcionarios judiciales, la cúpula judicial, la línea media y todos los funcionarios judiciales en general, teniendo en cuenta este ataque sistemático del Presidente de la República".

Quedan menos de tres meses de Gobierno y la pregunta es qué se podrá reparar y qué no. Herrera no es optimista. "El estado en el que quedan las relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial es precisamente de alto desprecio por el Presidente", afirmó.

"Esperemos que el próximo Presidente, cualquiera que sea, tenga la posibilidad de seguir adelante respetando a la rama judicial y sobre todo devolviéndole al país la buena línea de respeto institucional que caracteriza a una democracia seria como es la colombiana", afirmó.

Mientras tanto, en la Sección Segunda del Consejo de Estado, el magistrado Bedoya Escobar mantiene su despacho abierto y los recursos de súplica del Gobierno —de Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda— a la espera de decisión. En la Corte Constitucional, la magistrada Paola Meneses tiene en su escritorio el expediente de la reforma pensional. Y en X, la cuenta @petrogustavo sigue activa.

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