Con fuertes calificativos y hasta exigiéndole que cumpla la ley, el gobierno del presidente Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía por frenar la suspensión de órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo.

La decisión tomada por la Fiscal Luz Adriana Camargo no cayó para nada bien en la Casa de Nariño, tanto que se convocó a una reunión de emergencia para definir el futuro de los diálogos de paz con ese grupo armado y en la cual se tomaron varias decisiones.

Petro exigió a la Fiscal que “Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente” porque es quien ordena la política de paz de Colombia.

Sin embargo, aseguró que no ha solicitado suspender la orden de extradición de alias "Chiquito malo", ni la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba porque “no fue consultado”.

Ante esto, aseguró que en el transcurso del día de hoy y durante esta reunión "se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil” para avanzar en estos diálogos.

"NO ES DISCRECIONAL": COMISIONADO

A estos mensajes se sumó un pronunciamiento del Comisionado de Paz, Otty Patiño, quien cuestionó a la Fiscalía al asegurar que el gobierno tiene toda la potestad de suspender órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, basado en la Ley 2272 de 2022.

En ese sentido, insiste en que “es extraña” la decisión de la Fiscalía porque la ley no tiene espacio para “una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”.

Además, le recuerda al ente investigador que establecer decisiones en este proceso de paz “corresponde constitucional y legalmente al presidente de la República, como responsable de la conducción de la política de paz y del orden público”.

El Comisionado agrega que siempre ha respetado la Fiscalía, pero cuestiona que "tampoco puede desconocerse que el legislador definió expresamente unos efectos jurídicos concretos para viabilizar los procesos de paz y garantizar las condiciones de tránsito hacia las Zonas de Ubicación Temporal”.

Con este cruce de mensajes aumentan las tensiones entre el presidente Petro y la rama judicial, primero con las Altas Cortes por suspender el traslado pensional y ahora con la Fiscalía por no suspender las órdenes de captura a 29 cabecillas del Clan del Golfo.

/Colprensa