Fuerte rechazo de la Federación Nacional de Departamentos a los llamados “juicios” ilegales y a la llamada prisión revolucionaria del ELN.

La Federación Nacional de Departamentos lanzó una fuerte advertencia frente las atribuciones adoptadas por el ELN, según la federación ese grupo terrorista asumió funciones que no le corresponden, como si fuera una autoridad judicial.

De acuerdo con un comunicado emitido desde Bogotá, los miembros de la Federación señalaron que el ELN es una organización criminal y no un ente de justicia, y por tanto, cualquier intento de realizar “juicios”, imponer castigos o aplicar lo que ellos denominan “prisión revolucionaria”, no solo carece de validez legal, sino que constituye una grave violación a los derechos humanos.

La Federación recalca que este tipo de acciones representan una amenaza directa contra el Estado de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. En otras palabras, advierten que permitir o normalizar estas conductas equivale a debilitar las bases mismas de la democracia colombiana.

"Estas prácticas, que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al Estado de derecho, a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país. Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos como la denominada 'prisión revolucionaria', carentes de toda validez legal", dijo la Federación Nacional de Departamentos .

Colombia es un Estado Social de Derecho, regido por la Constitución

El mensaje compartido además por Federación Nacional de Departamentos em redes sociales, hace énfasis en un punto clave: "Colombia es un Estado Social de Derecho, regido por la Constitución, donde únicamente las instituciones de la Rama Judicial tienen la facultad de administrar justicia".

Sumado a ello, el texto recuerda que ningún grupo armado, al margen de la ley, puede reemplazar esa función ni arrogarse competencias que no le pertenecen.

En ese contexto, la Federación fue enfática en rechazar cualquier forma de privación ilegal de la libertad. Recordaron que ninguna causa, ni política ni ideológica, puede justificar actos violentos contra la población civil.

Exigen la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los secuestrados

Pero el pronunciamiento va más allá de la denuncia. También incluye una exigencia clara y directa: la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los secuestrados, incluidos servidores públicos que hoy permanecen retenidos.

"Con la misma contundencia, exigimos el respeto por la vida y la liberación inmediata, y sin condiciones, de estos servidores públicos y de todas las personas retenidas ilegalmente. De esta manera, se demostraría una real voluntad de paz", dice el documento.

Para la Federación, este sería un gesto real de voluntad de paz. De lo contrario, advierten, cualquier discurso en ese sentido pierde credibilidad frente a los hechos.

El país no puede permitir que este crimen se repita

Además, subrayan que el secuestro es uno de los delitos más crueles y repudiados, no solo por la legislación colombiana, sino también por el derecho internacional. Insisten en que el país no puede permitir que este crimen se repita ni, mucho menos, que se normalice.

En medio de este panorama, también hubo un reconocimiento a quienes trabajan para lograr la liberación de los secuestrados. La Federación agradeció a las organizaciones, autoridades y personas que mantienen abiertos los canales humanitarios, muchas veces en medio de condiciones complejas, para facilitar el regreso de estas personas a sus hogares.

Finalmente, el pronunciamiento cierra con un respaldo a la Fuerza Pública. Destacan el trabajo diario de hombres y mujeres que, aseguran, arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad, la protección y los derechos de todos los colombianos.