El Departamento del Magdalena se ubica como el décimo departamento con más casos en el país y el tercero en la región Caribe, según datos entregados por la Fiscalía Seccional. Las investigaciones activas se encuentran en distintas etapas procesales, lo que implica actuaciones permanentes de fiscales, investigadores y equipos técnicos encargados de la recolección de evidencia.

El alto número de investigaciones activas evidencia la presión sobre el sistema judicial, que ahora apuesta por estrategias más eficientes para responder a uno de los delitos más sensibles.

La violencia sexual continúa siendo uno de los delitos más recurrentes en el departamento del Magdalena, de acuerdo con los reportes de las autoridades judiciales. Este comportamiento ha sido identificado como una de las principales cargas para el sistema investigativo, debido al volumen de denuncias, la complejidad de los casos y la necesidad de activar rutas de atención interinstitucional.

En ese contexto, el director seccional de Fiscalías del Magdalena, Jorge Luis Fernández Daza, informó que actualmente se adelantan más de 10.000 investigaciones activas por este delito en el departamento. La cifra corresponde a procesos en distintas etapas, incluyendo indagación, investigación formal y actuaciones previas a la judicialización, lo que implica un flujo constante de actuaciones por parte de fiscales, investigadores y equipos de apoyo.

El funcionario indicó que, según los registros consolidados, el Magdalena se ubica como el décimo departamento del país con mayor número de casos de violencia sexual y el tercero en la región Caribe. Esta clasificación se basa en el volumen de denuncias acumuladas y en los procesos activos que se tramitan ante la Fiscalía en las diferentes subregiones del departamento.

Durante la presentación del balance institucional, Fernández Daza detalló avances en materia de judicialización. Precisó que se han solicitado 39 órdenes de captura, distribuidas en 14 en Plato, 9 en Santa Marta, 8 en El Banco, 6 a través de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y 2 en Ciénaga. Estas solicitudes corresponden a procesos en los que se han recopilado elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente para sustentar la petición ante jueces de control de garantías.

Asimismo, señaló que se han llevado a cabo 29 audiencias de imputación, en las cuales la Fiscalía ha formulado cargos contra presuntos responsables por delitos relacionados con violencia sexual. De estas actuaciones se derivaron 14 medidas de aseguramiento, impuestas por autoridad judicial competente, en el marco de las audiencias preliminares.

En cuanto a las acciones operativas, la Fiscalía informó la implementación de nuevas estrategias orientadas a la gestión de estos casos. Entre ellas, la designación de un fiscal exclusivo para la atención de actos urgentes, encargado de priorizar diligencias iniciales como entrevistas, recolección de evidencia y coordinación con policía judicial. El objetivo establecido es que, en un plazo de hasta 30 días, se puedan adoptar decisiones procesales, incluyendo solicitudes de captura cuando haya lugar.

El director seccional también indicó que se adelantan brigadas de imputación y avance, enfocadas en revisar expedientes que presentan bajo movimiento procesal. Estas jornadas incluyen análisis de material probatorio, verificación de actuaciones pendientes y definición de rutas para continuar con cada caso dentro del sistema judicial.

De acuerdo con la distribución de los casos, Santa Marta registra la mayor concentración, seguida de El Banco, Ciénaga, Plato y Fundación. Esta información corresponde a los reportes consolidados por la entidad en función del lugar de ocurrencia de los hechos y de la competencia territorial de las unidades fiscales.

Finalmente, la Fiscalía señaló que una proporción significativa de los casos se origina en entornos cercanos a las víctimas, lo que incide en las dinámicas de denuncia y en el desarrollo de las investigaciones. Estos procesos requieren la activación de rutas institucionales que incluyen atención psicosocial, acompañamiento legal y medidas de protección, conforme a los protocolos establecidos.