El jefe de Estado reaccionó a la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de suspender inmediatamente la intervención forzosa sobre la EPS Coosalud.

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó en las últimas horas a la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó la suspensión inmediata de la intervención forzosa sobre la EPS Coosalud, tras encontrar serias irregularidades en su ejecución.

Hay que recordar que esta medida judicial quedó consignada en el Auto Interlocutorio número 072 y se da en el marco de una acción popular, cuyo objetivo es proteger derechos colectivos como la moralidad administrativa y evitar un daño irreparable a los usuarios del sistema de salud.

Petro aseguró que el gerente de Coosalud debería enfrentar una investigación penal

De acuerdo a lo explicado en su momento por el Tribunal, durante el proceso de intervención realizado por el Gobierno Petro, se habrían presentado graves inconsistencias, acompañadas de un deterioro progresivo en la prestación de los servicios de salud, lo que encendió las alertas sobre el impacto que esta medida estaba teniendo en los afiliados.

Frente a este fallo, el presidente Petro utilizó su cuenta en la red social X para reiterar sus fuertes señalamientos. El mandatario aseguró que el entonces gerente de Coosalud, Jaime González, debería enfrentar una investigación penal por, según dijo el mandatario, haber utilizado recursos públicos de la salud en beneficio propio.

El jefe de Estado colombiano fue más allá, al afirmar que estas presuntas irregularidades se habrían cometido, al parecer, en complicidad con miembros de la junta directiva de la entidad.

Las declaraciones de Petro elevan el tono político alrededor del caso

En su pronunciamiento, el presidente también mencionó nombres de figuras con vínculos políticos, señalando que en dicha junta participaban personas como Rafael Santos, hermano del exvicepresidente Francisco Santos, así como Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana Arango.

Estas declaraciones elevan el tono político alrededor del caso, en medio de un contexto ya tenso por las reformas al sistema de salud impulsadas por el Gobierno Nacional.

Por ahora, la decisión del Tribunal deja sin efecto la intervención sobre Coosalud mientras se analizan de fondo las condiciones en las que se adoptó esta medida, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo de los recursos públicos en el sector salud.

Entre tanto, miles de usuarios de esta EPS permanecen a la expectativa de cómo se garantizará la continuidad y calidad en la prestación de los servicios, en medio de este pulso entre decisiones judiciales, denuncias políticas y la incertidumbre sobre el futuro del sistema.

Petro no rectificó afirmación en la que calificó como “bandido” a Jaime González

Como contexto adicional a este tema, es prudente recordar que el presidente de la República, Gustavo Petro, ya enfrenta una decisión judicial relacionada con este mismo caso legal.

En ese sentido se hace referencia al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que sancionó al mandatario por desacato a una sentencia de tutela emitida en noviembre de 2025, al considerar que incumplió una orden judicial.

Según la providencia judicial, el presidente Petro no acató la instrucción de rectificar una afirmación en la que calificó como “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud.

En esa oportunidad, el fallo estableció que esta omisión vulneró el derecho al buen nombre del exdirectivo, quien había acudido a la justicia y obtuvo un fallo a su favor que obligaba al jefe de Estado a corregir sus declaraciones.

Por este desacato, la justicia impuso una sanción económica al presidente equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este antecedente judicial se suma ahora a la nueva polémica por la intervención de Coosalud y las recientes declaraciones del mandatario, lo que vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y las decisiones de la justicia.