La Procuraduría General de la Nación adelanta una visita de inspección a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para verificar la veracidad de un informe elaborado por delegados de esa entidad, en el que se advierten presuntas irregularidades en la decisión de prorrogar la intervención de la Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en Colombia.

El procurador, Gregorio Eljach, confirmó la diligencia y precisó que el objetivo es determinar la veracidad de lo reportado e iniciar los procesos disciplinarios que correspondan.

"En este momento están ya yendo en camino una visita administrativa de control para establecer la veracidad de lo que dice la información y abrir las investigaciones a quien corresponda y echar a andar el proceso disciplinario", señaló Eljach, quien pidió paciencia.

"La labor de la Procuraduría está sometida al debido proceso, al derecho de defensa, a todas las garantías que acompañan a los ciudadanos, especialmente a la presunción de inocencia”, apuntó.

La inspección se produce en medio de una semana de acciones de los órganos de control sobre la Nueva EPS y Supersalud. El pasado 9 de abril, la Contraloría General de la República adelantó una actuación de Policía Judicial en ambas entidades para recaudar información financiera, ante la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS y ante la preocupación por la situación financiera del sistema de aseguramiento en salud. La información recogida en esa diligencia constituirá un insumo para valorar eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario.

Un día antes, el 8 de abril, la procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa le envió a Luz Marina Múnera, superintendente nacional de Salud encargada del caso de Nueva EPS, un documento con siete preguntas concretas que Supersalud debía responder en tres días hábiles con documentos de respaldo.

La pregunta central era si la Nueva EPS sigue presentando los problemas financieros, administrativos y jurídicos que en su momento justificaron que el Gobierno tomara el control de la entidad, cuya medida de intervención venció el 2 de abril de 2026 sin ser renovada.

*Las fallas documentadas*

Los documentos que acompañaron ese requerimiento describen fallas en múltiples áreas de la Nueva EPS que no fueron resueltas durante la intervención gubernamental.

En el manejo de los recursos del sistema de salud, el informe señaló que la EPS no puso en marcha controles efectivos sobre los dineros que recibe del Estado, y que los pagos adelantados a médicos y clínicas —concebidos como medida excepcional— se convirtieron en práctica habitual para resolver problemas en la red de servicios y atender líos judiciales derivados de la falta de representación legal.

En el procesamiento de cuentas médicas, la EPS utilizó hasta agosto de 2025 un sistema manual y obsoleto que generó demoras y errores; aunque en septiembre de ese año activó un nuevo sistema, el informe concluyó que los retrasos acumulados no se resolvieron y que el flujo de trabajo no es sostenible.

En materia tecnológica, el panorama es de rezago: infraestructura obsoleta, fallas en seguridad informática, procesos de facturación atrasados y dependencia de un solo centro de datos, lo que expone a la EPS a riesgos ante fallas o ataques cibernéticos. El giro de recursos, además, se maneja en hojas de cálculo de Excel.

En contratación, el informe advirtió que persisten contratos verbales con proveedores —sin documento escrito— y una concentración de pocos actores en la cadena de servicios, con riesgos legales, financieros y de imagen para la entidad.

La Procuraduría también solicitó copias de los informes internos de seguimiento, las actas de reuniones y los reportes de la funcionaria designada para vigilar las finanzas de la EPS durante la intervención, incluyendo un informe de febrero de 2026 que debía entregarse el 10 de marzo y que, al momento del requerimiento, no había sido recibido.

*Cambio de guardia en Supersalud*

Las acciones de los órganos de control coinciden con una coyuntura de cambio en la dirección de Supersalud. El 14 de abril, el superintendente Bernardo Camacho presentó su renuncia ante el presidente, Gustavo Petro, por motivos que calificó como "estrictamente personales", luego de cinco meses en el cargo. En su carta, Camacho señaló que todas las acciones de su gestión "se han ejecutado estrictamente dentro del marco normativo vigente".

Camacho había asumido el cargo en octubre de 2025, tras la salida de Giovanni Rubiano, quien permaneció 11 meses al frente de la entidad. Ante su impedimento para intervenir en el caso de la Nueva EPS —por haber sido su agente interventor—, Luz Marina Múnera asumió la facultad de pronunciarse sobre las decisiones relacionadas con esa entidad.

La designación del sucesor de Camacho generó reacciones inmediatas. La hoja de vida de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, fue publicada en la página de Presidencia —paso previo para oficializar su nombramiento—, lo que desató críticas desde distintos sectores.

El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, rechazó la designación: "Ahora el señor Presidente nos anuncia con bombos y platillos que uno de sus grandes amigos, Daniel Quintero, sin perfil para ser superintendente Nacional de Salud, sin ser conocedor del sistema de salud, con varios presuntos hechos de corrupción y denunciado ante la Fiscalía será el nuevo superintendente". Silva añadió que el nombramiento "se traduce como un nuevo golpe para un sistema en una crisis evidente".

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, también cuestionó la decisión. "El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo", indicó Carrillo, quien precisó que Quintero "está hoy en juicio por delitos contra la administración pública" y que "el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos".

Se espera que en las próximas horas Supersalud oficialice el nombramiento de Quintero como nuevo superintendente.

/Colprensa.