La Brújula Minera 2026 reveló que las autoridades del Gobierno alcanzaron su mayor nivel de satisfacción en una década frente al desempeño ambiental, social y normativo del sector. Sin embargo, este avance contrasta con la visión de los directivos, que advierten menor respaldo estatal y una creciente conflictividad.

La minería en Colombia atraviesa una paradoja: mientras su desempeño alcanza las mejores calificaciones en una década, la relación con el Gobierno Nacional se deteriora de forma significativa.

Así lo reveló la Brújula Minera 2026, elaborada por Arteaga Latam en alianza con la Asociación Colombiana de Minería (ACM). El informe recoge la opinión de 273 directivos del sector y 269 autoridades de gobierno, entre el 26 de febrero y el 4 de abril de 2026.

Los resultados muestran avances contundentes en varios frentes. El 87% de las autoridades gubernamentales destaca el compromiso ambiental de las empresas, el 93% valora su gestión en derechos humanos y el 81% reconoce el cumplimiento de las reglas.

Además, la satisfacción con el cumplimiento normativo alcanzó el 45%, el nivel más alto en 10 años, frente al 14% registrado en 2015. En desarrollo territorial, el indicador también marcó récord, con un 51% de aprobación en 2026, duplicando el 25% observado en 2020.

Solo el 8% de directivos del sector minero respalda el apoyo del Gobierno

En contraste con estos avances, la percepción del respaldo estatal se desploma. Apenas el 8% de los directivos mineros se declara satisfecho con el apoyo del Gobierno Nacional en 2026.

El dato representa una caída de 27 puntos porcentuales frente a 2022, cuando el indicador alcanzó su máximo histórico de 35%. Se trata de uno de los niveles más bajos desde que se mide esta variable en 2015.

Este deterioro refleja una relación cada vez más distante entre el sector y el Gobierno, en un contexto donde la política minera genera visiones encontradas.

Brechas entre autoridades y empresarios en política pública

El estudio también evidencia diferencias marcadas entre la percepción de autoridades y directivos sobre los avances en política pública minera.

Mientras el 65% de las autoridades considera que ha habido progreso en gestión e información especializada, solo el 32% de los empresarios comparte esa visión.

La brecha se repite en otros frentes. En presencia territorial, el 60% de las autoridades percibe avances frente al 33% de los directivos. En formalización minera, las cifras son 61% y 43%, respectivamente.

El punto más crítico es la seguridad jurídica. Apenas el 25% de los directivos percibe avances en esta materia, un factor clave para la inversión de largo plazo y la competitividad del país.

Aumenta la conflictividad en torno a la minería

Otro de los hallazgos más relevantes es el incremento de la conflictividad. El 66% de los directivos considera que los conflictos alrededor de la actividad minera han aumentado en 2026, frente al 51% en 2025.

Entre las autoridades, la percepción también crece, pasando del 35% al 42%.

En el último año, las empresas reportaron haber enfrentado bloqueos de vías en el 49% de los casos, marchas o manifestaciones en el 42%, reclamos de predios en el 34% y paros armados en el 30%, siendo este último el fenómeno de mayor crecimiento frente al año anterior.

La respuesta institucional tampoco genera consenso. El 49% de los funcionarios la califica como regular, el 26% como poco o nada efectiva y solo el 22% considera que ha sido efectiva o muy efectiva.

Un sector que avanza “con el freno puesto”

Para Jaime Arteaga, director general de Arteaga Latam, el balance del cuatrienio es claro: el sector ha mejorado su desempeño pese a un entorno adverso.

Según el análisis, las empresas han elevado sus estándares en sostenibilidad, derechos humanos y cumplimiento normativo, pero enfrentan un entorno de desconfianza institucional y mayor presión social.

El resultado es un sector que progresa, pero con limitaciones estructurales que podrían afectar su desarrollo futuro.

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