El Consejo de Estado indicó que, si un joven sufre un daño durante su servicio, su pago económico se hará primero según la Ley 1861 de 2017, que es el reglamento básico que rige a los reclutas y define sus beneficios médicos y bonificaciones.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tribunal encargado de resolver dudas legales del Gobierno, determinó que los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio o voluntario y resultan víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir apoyo del Estado, pero aclaró que su indemnización de dinero se calculará con las reglas de su propio nivel y no con las tablas de pago de los militares profesionales.

La decisión derivó de una pregunta del Ministerio de Defensa sobre cómo aplicar la nueva Ley 2421 de 2024, una norma reciente que reconoció legalmente a los soldados regulares, bachilleres y auxiliares como víctimas con derechos especiales dentro de la Fuerza Pública.

El Ministerio señaló que pagarles las mismas sumas que a los militares de carrera generaría "consecuencias fiscales", es decir, que el país no tendría el presupuesto suficiente para asumir esos costos anuales.

El alto tribunal concluyó que reconocerlos como víctimas no significa entregarles los mismos sueldos, seguros o pensiones de los profesionales. El Consejo de Estado indicó que, si un joven sufre un daño durante su servicio, su pago económico se hará primero según la Ley 1861 de 2017, que es el reglamento básico que rige a los reclutas y define sus beneficios médicos y bonificaciones.

Sin embargo, el tribunal precisó una excepción, si el joven sufre un hecho de violencia que no está cubierto por ese seguro militar básico, podrá pedir la compensación económica de la Ley 1448 de 2011, que es la norma general para todas las víctimas del país, al aclarar que "podrán acceder a todas las medidas de reparación integral".

El tribunal también encontró un incumplimiento por parte del Gobierno. La nueva ley de 2024 ordenó a la Unidad para las Víctimas crear, en un plazo máximo de cuatro meses, un programa de ayuda diseñado exclusivamente para estos jóvenes.

El Consejo de Estado advirtió que dicha reglamentación "aún no ha sido expedida" y exigió a la entidad cumplir con su obligación de crear la ruta para atender a quienes sufrieron daños en la guerra mientras prestaban el servicio.

La magistrada Ana María Charry presentó un salvamento de voto, un documento legal en el que un juez explica formalmente por qué no está de acuerdo con la decisión de la mayoría. La funcionaria argumentó que la ley debió usarse para igualar los derechos económicos de todos los soldados heridos.

Charry precisó que la postura del tribunal "desconoce la igualdad real, sustancial y material", lo que en términos prácticos significa que mantiene una discriminación frente a quienes fueron obligados por el Estado a ir a la guerra.

La togada explicó que los jóvenes reclutados enfrentan las mismas balas y minas que los profesionales.

"La peligrosidad inherente a la defensa de la soberanía, el mantenimiento del orden público y la confrontación de grupos armados ilegales pueden afectar por igual a quienes prestan el servicio militar obligatorio y a quienes lo hacen de manera voluntaria o profesional", indicó.

Para sustentar su postura, la magistrada recordó tragedias históricas del conflicto armado como las tomas guerrilleras a las bases militares de Patascoy (Putumayo), Las Delicias o Miraflores (Guaviare), donde murieron y fueron secuestrados decenas de jóvenes.

Sobre estos ataques, concluyó que los soldados obligatorios "fueron expuestos al mismo riesgo que otros miembros de la Fuerza Pública", por lo que negarles una indemnización económica idéntica a la de sus superiores resulta injusto frente a la ley./Colprensa