La Procuraduría abrió investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Ambiente encargada, junto a otros seis altos funcionarios por sus presuntas omisiones en el control y vigilancia de la central hidroeléctrica Urrá.

Según el órgano de control, se evidenció una negligencia operativa sistemática que priorizó la generación de energía por encima de la seguridad poblacional y que desencadenó el devastador desbordamiento del río Sinú en febrero pasado, con un saldo trágico de más de 200 mil personas damnificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre.

El Ministerio Público determinó, mediante un contundente informe preventivo, que la emergencia invernal no constituyó un evento puramente natural e imprevisible, sino la materialización de un riesgo advertido.

Esto, ante la presunta operación negligente e incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., entidad que habría infringido las reglas operativas de la represa al mantener de manera recurrente el embalse por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operaciones.

En el documento del ente de control se precisó que esta conducta de la empresa operadora supone "una priorización en uno de los propósitos del embalse que es la generación de energía eléctrica por encima de otro de los propósitos, que es la regulación de los caudales para evitar inundaciones", sumado a una evidente superación de los caudales máximos de descarga autorizados, una falla en la gestión del riesgo de desastres y una presunta ineficacia en la implementación de los sistemas de alerta temprana.

Al respecto, la acción disciplinaria apuntó directamente a Irene Vélez, en su condición de directora de la ANLA, y a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de la misma entidad, por una presunta inobservancia de sus deberes de control oportunos frente al incumplimiento sistemático de la Curva Guía Máxima, por parte de Urrá, detectado desde el 2024, además de un presunto retraso en la expedición de actos administrativos para actualizar los parámetros técnicos de los volúmenes del embalse.

Sobre el papel de la ANLA, la Procuraduría advirtió en su informe que la intervención de la autoridad ambiental "resultó tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos".

El auto de apertura de investigación también vinculó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Libardo Yanod Márquez, y al superintendente delegado de Energía y Gas Combustible, Omar Camilo López, por presuntas omisiones en las obligaciones de vigilancia, pues con base en su propio monitoreo habrían tenido conocimiento de las irregularidades significativas en la operación de Urrá, sin desplegar una actuación "suficientemente proactiva para evitar la magnitud del desastre".

Finalmente, el pliego cobijó al director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Orlando Rodrigo Medina, por presuntas omisiones en la prevención y control de obras antrópicas ilegales en humedales, así como a Enrique Kerguelén Méndez y Juan Acevedo Rocha, presidente encargado y expresidente de la Empresa Urrá S.A. E.S.P. respectivamente, ordenando la notificación personal de los implicados y la recolección de pruebas documentales.

BOGOTÁ, (Colprensa).