Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte de zonas vedadas para candidatos y 457 amenazas de muerte en tres meses.

Todos los grupos armados ilegales inciden en las elecciones de 2026, tanto en las legislativas del 8 de marzo como en las presidenciales del 31 de mayo. El peligro es mayor en 69 municipios, donde el Estado recibió un “llamado a la acción inmediata”.

Así lo detalló la Defensoría del Pueblo en su informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, que describe las amenazas que priman en todo el país de cara a los comicios. En total, 670 municipios están en riesgo en tres niveles.

En octubre de 2025, cuando la Defensoría recopiló denuncias y elaboró la Alerta, 62 municipios requerían “acción inmediata”, la mayor cota en la escala del peligro. El informe de seguimiento de este lunes muestra una cifra más alta, de 69.

Otros 162 municipios estaban en el nivel de “llamado a la acción urgente”, y ante la falta de respuesta institucional el dato subió a 168. Y frente al “llamado a la acción prioritario”, que agrupaba a 425 municipios, el número llegó a 433.

La medición del riesgo se refiere, principalmente, a la atención que debe prestar el Estado en su conjunto para contrarrestar la hegemonía, consolidación o disputa territorial de las estructuras armadas. Los indicadores no muestran mejorías.

Puede que las elecciones sin duda vayan a llevarse a cabo. El problema es la coacción. “Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe.

Amenazas, asesinatos y población en especial condición de riesgo

“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal, en algunas regiones, que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, añadió Marín.

La falla troncal en el Estado es la articulación interinstitucional. La Defensoría lanzó once recomendaciones en cinco ejes temáticos. El de menor cumplimiento es la articulación, con 29%, y el de mayor, las acciones de la fuerza pública, con 65%.

El Ministerio Público le exigió al del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, asumir “un liderazgo efectivo” en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), donde ejerce la secretaría técnica.

Más allá de la presentación de este lunes, el informe de seguimiento desglosa en 182 páginas todo lo que ha padecido la población “en especial condición de riesgo”, como los candidatos, los firmantes de paz y los defensores de derechos humanos.

La Defensoría documentó 457 casos de amenazas de muerte contra liderazgos sociales y servidores públicos entre el primero de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, la mayoría en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

Además, 46 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas entre octubre de 2025 y enero de 2026. El periodismo regional en el mismo periodo enfrentó dieciocho amenazas de muerte, además de estigmatizaciones que fomentaron censura.

Coerción, impunidad y regiones críticas, como las Citrep y el Catatumbo

Los grupos armados niegan participar activamente en política o impulsar ciertas candidaturas. Pero su mera presencia impacta en las elecciones. La Defensoría encontró zonas prohibidas para opositores de la administración de Gustavo Petro.

“Hemos visto vallas en algunos territorios del país (...) donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, narró la defensora Marín.

Y en los municipios con Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep), que asignan dieciséis curules para las víctimas y las comunidades rurales, hubo inscripciones de cédulas “inusualmente altas” por cuenta de la intimidación de los armados.

 “Hay evidencias de coerción electoral asociadas a grupos armados ilegales”, apuntó el ente humanitario, que citó a la Misión de Observación Electoral (MOE) para destacar que el 27,4% de las inscripciones irregulares se registraron en municipios Citrep.

La Defensoría le pidió a la Fiscalía impedir la impunidad de todos los crímenes electorales. La Unidad Especial de Investigación del ente acusador reportó cuatro homicidios de firmantes de paz entre octubre y diciembre de 2025.

El Catatumbo sigue siendo una región especialmente crítica. Si en la región el ELN mantiene su disputa territorial, la Defensoría advierte de “un proceso electoral con participación limitada, baja legitimidad y riesgo para actores civiles”.