Un llamado a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que abran una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en dos contratos que hizo la empresa estatal de pensiones Colpensiones con RTVC por valor $60.111 millones y que fueron destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad.

De acuerdo con Valencia, el 15 de diciembre de 2023 Colpensiones habría entregado de manera directa y sin licitación un contrato por 13.804 millones de pesos a RTVC para servicios de publicidad. “Aunque inicialmente se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024, una primera irregularidad: la ejecución comprometería recursos de más de una vigencia, lo que podría vulnerar el principio de anualidad presupuestal”.

Precisa que el contrato fue objeto de tres adiciones: el 25 de junio de 2024 por 6.000 millones de pesos; el 23 de diciembre de 2024 por 11.252 millones; y el 29 de agosto de 2025 por 6.300 millones. Además, su plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para la candidata presidencial “esto implicaría que un mismo contrato terminó comprometiendo recursos de tres años distintos y superando ampliamente el límite legal de adiciones, que según la Ley 80 solo permite incrementar hasta el 50 por ciento del valor inicial. En este caso, las adiciones habrían superado el 100 por ciento”.

Destacó además que se suma un segundo contrato firmado el 16 de julio de 2024, también de manera directa y sin licitación, por 9.795 millones de pesos, con un objeto similar: diseñar e implementar una estrategia de marketing. “Este contrato igualmente fue objeto de una adición de 12.959 millones, con lo cual también se habría superado el límite legal de hasta el 50% del valor inicial. Además, se prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025”, dijo Valencia.

CASO MINSALUD

Por su parte la representante a la Cámara y aspirante al Senado por la Alianza Verde, denunció que familiares del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos y cargos públicos desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder.

Miranda destacó que entre los casos documentados se encuentran el de María Clara Berrocal, cuñada del ministro, quien firmó contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz por más de 390 millones de pesos; Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro, con contrato en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Igualmente está Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, con múltiples contratos con entidades como la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los 1.400 millones de pesos; Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, con contrato en la Contraloría General de la República.

Relaciona además a Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, designado como director de ProColombia en Reino Unido; Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro, quien ocupa el cargo de Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud. “Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”, concluyó Miranda.