Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) el Clan del Golfo, el grupo ilegal más grande del país, ha crecido 104 % en su influencia municipal desde 2022, consolidando un aparato financiero que demanda cerca de 5.500 millones de pesos mensuales para sostener a sus combatientes y redes de apoyo.

Los investigadores señalaron que la organización opera "en la práctica, como una empresa o holding criminal enfocada en generar rentas", diversificando sus ingresos de forma sofisticada hacia la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de migrantes, lo que le permite no depender exclusivamente de la exportación de cocaína.

El reporte detalló que las negociaciones formales, iniciadas en septiembre de 2025 con el acompañamiento de España, Suiza y Noruega, arrojaron acuerdos rápidos en menos de tres meses. La entidad indicó que la medida más ambiciosa fue la expedición de la Resolución 471, la cual oficializó tres áreas de preconcentración en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía en el Chocó, y Tierralta en Córdoba.

Asimismo, el documento precisó que las delegaciones pactaron la intervención estatal y el freno al cobro de impuestos ilegales en 15 municipios estratégicos donde el grupo ejerce un control hegemónico.

El panorama internacional y militar dio giros drásticos luego de que Washington designara al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como organización terrorista en diciembre de 2025, sumado a la cumbre presidencial del 3 de febrero de 2026 donde los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump acordaron priorizar la captura de alias 'Chiquito Malo', máximo líder de la organización.

La FIP advirtió que esta coyuntura motivó la suspensión temporal de la mesa antes de su reactivación el 17 de febrero, cruzándose con una profunda inestabilidad interna derivada de las recientes muertes de los altos comandantes alias 'Chirimoya' y alias 'Gonzalito'.

Frente a las razones estratégicas para sentarse a dialogar en el ocaso de la actual administración, la fundación concluyó que la cúpula experimenta un profundo "desgaste por su estilo de vida" al huir permanentemente de las autoridades por zonas inhóspitas, además de lidiar con los altos costos de sostener a sus miles de integrantes armados.

El informe expuso que los cabecillas del grupo ilegal albergan "la expectativa de aprovechar sus ganancias" acumuladas durante décadas de accionar criminal, buscando al mismo tiempo un proceso que valide políticamente su identidad frente al país.

Finalmente, los expertos alertaron que la viabilidad del desarme enfrenta obstáculos estructurales, puesto que la resolución que creó las zonas de ubicación terminó demandada ante el Consejo de Estado ante la falta de herramientas legales claras, generando una intensa disputa de competencias con la Fiscalía General de la Nación frente al levantamiento de las órdenes de extradición.

El centro de pensamiento sentenció que la actual carrera contra el reloj electoral representa "la última oportunidad para que la Paz Total muestre resultados creíbles", advirtiendo que en este punto "cualquier error podría revertir los avances alcanzados".

• COLPRENSA