Media docena de decisiones judiciales cierran las puertas de la exfuncionaria de Gustavo Petro señalada como intermediaria de sobornos a congresistas.

La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova continuará detenida. Dos juzgados de garantías le negaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos, el Tribunal de Bogotá declaró improcedente un hábeas corpus, una sala de la Corte Suprema confirmó la decisión y, finalmente, otra sala cerró las puertas.

El último de los fallos, del 17 de febrero, fue de la primera Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal. La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, presidente de la principal corporación del derecho penal, ratificó la privación de la libertad de Ortiz.

A Solórzano se le unieron los magistrados Fernando León Bolaños y Jorge Hernán Díaz. La insistencia de la excongresista de la Alianza Verde pasó por dos solicitudes, un hábeas corpus y la tutela que finalmente la Sala Penal falló. “La decisión adoptada en sede de hábeas corpus no se aprecia arbitraria” ni “irrazonable”, señaló la Corte.

La Fiscalía empezó a perseguir a la exfuncionaria luego de que el condenado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la señalara de recibir tres mil millones de pesos para pagarle un soborno al expresidente del Senado Iván Name, también del Verde y también preso.

El caso UNGRD: coimas, nombres clave y la ruta del dinero corrupto

El partido suspendió a Ortiz y Name en mayo del 2025, casi un año después de que la boyacense dejara su oficina en la Casa de Nariño. En noviembre de 2024, la Fiscalía le imputó a Sandra Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos. Según las investigaciones, el prófugo Carlos Ramón González habría ordenado buscar la 'coima'.

González irá asimismo a juicio en la Corte. La Fiscalía lo acusó el 29 de enero por cohecho, peculado y lavado de activos, pues habría impartido directrices, de las que Ortiz sería intermediaria, para entregarle 3.000 millones de pesos a Name y mil millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle, del Partido Liberal.

En julio de 2024, dos meses después de que Ortiz saliera del Gobierno, la Presidencia de la República informó que la administración de Luz María Múnera, sucesora de la exsenadora, recibió “dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria”. Los equipos eran de contratistas del despacho de la exconsejera Ortiz.

La Fiscalía ha calificado al entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva. La Procuraduría indaga a Ortiz en el expediente de Name y Calle.

Las batallas judiciales por vencimiento de términos y hábeas corpus

Según Sneyder Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende la inocencia de él.

Después de la imputación contra Sandra Ortiz, el Juzgado Tercero de control de Garantías de Bogotá la envió a prisión. En enero de 2026 reclamó su libertad por vencimiento de términos, pero los juzgados 26 y 79 de garantías la negaron. Interpuso un hábeas corpus, mas el Tribunal de Bogotá lo declaró improcedente.

Ortiz apeló, la Sala Laboral de la Corte Suprema confirmó la postura del tribunal. Luego vino la tutela, tras la que la Sala Penal indicó que la improcedencia del recurso constitucional “preservó el carácter excepcional de ese mecanismo”. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema acusó a Ortiz en septiembre del año pasado.

Tres meses antes, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, rechazó una recusación que la exconsejera presentó en su contra por supuestamente interferir en un principio de oportunidad que no resultó. La causa siguió adelante, en medio de choques entre Ortiz y la justicia por el cálculo de los días que lleva presa.

La estrategia de la defensa de Ortiz y sus intentos fallidos por desvirtuar las acusaciones

El Juzgado 79 de Garantías negó la libertad por vencimiento de términos, y la defensa de Ortiz, aunque en principio dijo que apelaría, al final desistió. La apelación “era el mecanismo idóneo y eficaz para debatir los argumentos de legalidad sobre el cómputo de términos”, es decir, sobre cuántos días en reclusión le interesan al proceso penal.

La defensa de la excongresista verde ha perdido varias batallas en los estrados recientemente. Mauricio Camacho, el penalista que representa a la boyacense, trató la semana pasada de obtener información financiera clave del excongresista liberal Pedro Castro, el supuesto prestamista de los cuatro mil millones de las coimas.

Camacho buscaba probar que, si el exsenador de Valle del Cauca prestó el dinero para las coimas, se desvirtuaba la participación de Ortiz en el tráfico de influencias que la defensa, además, pidió precluir. Un juzgado de garantías negó la petición sobre las transacciones de Castro, y en marzo otro resolverá la alegada preclusión.

Mientras pasan las semanas, Ortiz seguirá detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, la ciudad donde cada instancia judicial posible le ha cerrado las puertas a su libertad y a su desvinculación del complejo caso de la UNGRD. La Corte Suprema tacha de innecesario un pronunciamiento en sede de tutela.

Sentencia STP1648-2026, en la que la Corte Suprema le niega la libertad a Sandra Ortiz en medio del caso de la UNGRD

/LAFM.