El Consejo de Estado mantuvo la investidura del representante a la Cámara David Racero tras concluir que las pruebas aportadas para demostrar una presunta destinación indebida de dineros públicos en un negocio particular de frutas y verduras fueron insuficientes, una decisión que el congresista y el presidente, Gustavo Petro, celebraron como una absolución frente a una narrativa mediática pero que jurídicamente se centró en la imposibilidad técnica de verificar la autenticidad de los chats y audios publicados por la prensa al no contar con los dispositivos originales para un análisis forense.

Aunque el fallo resultó favorable para el congresista del Pacto Histórico, el proceso judicial dejó constancia de hechos que la defensa no negó. Durante el litigio, Racero aceptó "expresa e inequívocamente" que fue propietario de un establecimiento de comercio tipo "Fruver" en Bogotá, el cual operó como tienda de barrio durante la pandemia del Covid-19, entre 2020 y 2021.

Sin embargo, la Sala Especial de Decisión resolvió que no existió certeza "más allá de toda duda razonable" de que el funcionario Jhon Leonardo García Lara, adscrito a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), hubiese administrado dicho negocio por orden suya, pues el acervo probatorio no permitió confirmar tal irregularidad de manera técnica.

El tribunal explicó que, aunque existían indicios y publicaciones periodísticas, estos elementos no tuvieron la fuerza suficiente para configurar la causal de pérdida de investidura, ya que "jurídicamente no permiten concluir, fundada y válidamente, que el demandado haya realizado el verbo rector del tipo objetivo sancionatorio".

Los pantallazos no son prueba reina

El punto neurálgico que salvó la curul de Racero fue el tratamiento jurídico que el Consejo de Estado dio a las pruebas digitales divulgadas por medios como la Revista Cambio y El Tiempo. Los demandantes basaron su acusación en capturas de pantalla de WhatsApp y audios donde supuestamente se coordinaba la operación del Fruver y el manejo de dinero.

Sin embargo, la Sala desestimó el valor probatorio de estas imágenes al considerarlas "reproducciones" y no mensajes de datos originales. El fallo fue contundente al señalar que "la presentación de capturas de pantalla, impresiones o textos transcritos carecen de valor probatorio técnico por sí solos, dado que este tipo de evidencias pueden ser fácilmente manipuladas o editadas sin dejar trazabilidad forense verificable".

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) informó al tribunal que no era posible emitir un concepto técnico válido sin tener acceso a los celulares originales o a una extracción forense certificada, elementos que no fueron aportados al proceso. Como Racero desconoció el origen y contenido de dichos chats, y no se pudo probar su autenticidad, el tribunal aplicó la duda a favor del disciplinado.

El conductor que no era conductor

Otro de los ejes de la demanda fue el papel de Jhon Leonardo García Lara, asistente grado II de la UTL de Racero. Los accionantes alegaron que García fungía como conductor y trabajador del Fruver, desviando así su función pública.

García Lara, en su testimonio, negó "categóricamente" trabajar en el negocio de frutas, aunque admitió que acompañó al congresista al establecimiento en varias oportunidades. También reconoció haber transportado a Racero en vehículos particulares de su propiedad, pero la defensa argumentó que esto obedecía a una relación de confianza y no a una obligación laboral, dado que el congresista ya contaba con un esquema de seguridad oficial de la UNP con su propio conductor asignado.

La Sala concluyó que no se demostró que los desplazamientos o el apoyo logístico de García constituyeran una desviación de recursos públicos, aceptando la versión de que las labores de la UTL pueden incluir apoyo a la gestión del congresista siempre que no se trate de negocios privados, algo que en este caso no se pudo probar fehacientemente.

Tras conocerse el sentido del fallo, David Racero reaccionó con vehemencia, calificando las denuncias periodísticas como una "narrativa violenta y mentirosa" construida para destruirlo política y personalmente. El congresista aseguró que el fallo demostró que "no es cierto que hubo un señalamiento de miembros de la UTL" y que nadie afirmó trabajar en condiciones precarias en sus negocios alternos.

"Con este caso ya van siete procesos que me cierran de índole judicial y administrativo", afirmó Racero, quien advirtió que pasará a la ofensiva legal. "Ya que se están resolviendo los procesos judiciales, voy a empezar a tomar medidas legales contra todos aquellos de oposición que de manera calumniosa y coordinada se refieren hacia mí como explotador de trabajadores", sentenció el representante.

Por su parte, el presidente Petro respaldó a su aliado político y arremetió contra la prensa tradicional. "Después de una inmensa campaña mediática de desprestigio contra David Racero, resultó que no era cierta. David ha sido absuelto por el Consejo de Estado", manifestó el mandatario, añadiendo que esta época será recordada por el uso de la prensa para "favorecer el interés político de los más poderosos".

Pese a esta victoria en el tribunal contencioso, el caso no está cerrado para la justicia. La decisión del Consejo de Estado no constituye una absolución penal, pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una investigación formal contra Racero por los presuntos delitos de concusión e interés indebido en celebración de contratos.

A diferencia del proceso de pérdida de investidura, donde la carga de la prueba recayó en los demandantes ciudadanos, en el proceso penal la Corte cuenta con facultades de policía judicial para recolectar sus propias evidencias, por lo que la "verdad judicial" definitiva sobre el Fruver y los manejos de su UTL aún está por escribirse.

/Colprensa.