El colapso del puente de Mendiohuaca, no solo representa un problema de infraestructura, sino una amenaza directa para el desarrollo normal de la jornada en la que se elegirán a los congresistas de la República.

La entidad advierte que, a pocas semanas de las elecciones, no existe una solución inmediata que garantice el acceso de más de 5.000 ciudadanos a los puestos de votación en el corregimiento de Guachaca y áreas rurales del Distrito.

A través de la Alerta Electoral Preventiva No. 001-2026, la Personería Distrital advierte un riesgo inminente de vulneración de los derechos civiles y políticos de la población rural en Santa Marta, debido al colapso del puente sobre el río Mendihuaca, que implica el cierre de la vía hacia Guachaca.

Según el ente de control, la crisis vial, oficializada mediante la Resolución 0250 de febrero de 2026, no solo representa un problema de infraestructura, sino una amenaza directa para el desarrollo normal de la jornada en la que se elegirán a los congresistas de la República, al afectar la logística, la movilidad de los votantes y la custodia del material electoral.

 “Estamos ante un escenario que puede traducirse en abstencionismo forzado. Hay comunidades que, sin una solución pronta, no tendrían cómo llegar a las urnas”, advirtió el personero distrital Edwar Orozco Oñate.

RIESGOS IDENTIFICADOS

Entre los principales hallazgos se destacan:

-Aislamiento logístico: dificultad para transportar kits electorales, jurados y testigos a los puestos de votación rurales.

-Vulneración del sufragio: más de 5.000 ciudadanos podrían quedar sin garantías reales para ejercer su derecho al voto.

-Riesgo en la cadena de custodia: imposibilidad de retornar oportunamente el material votado para el escrutinio.

Ante los riesgos detectados, la Personería exhortó al Ministerio del Interior, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Invías y a la Alcaldía Distrital a adoptar medidas urgentes, entre ellas el diseño de un plan de contingencia inmediato con rutas alternas o transporte aéreo o fluvial.

Igualmente, activar la Subcomisión de Seguimiento Electoral con acompañamiento de la Fuerza Pública; instalar un puente provisional o militar que garantice la conectividad antes del certamen electoral y realizar una caracterización técnica de la población afectada para informar y asegurar que nadie quede excluido del proceso democrático.

 “La Personería pone en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la situación de alerta electoral en la zona rural de Santa Marta y las razones que motivaron su declaratoria”, revela otro aparte de la comunicación.

La Personería Distrital anunció que mantendrá vigilancia estricta sobre el cumplimiento de estas medidas preventivas y no descarta entablar acciones constitucionales si persiste la omisión institucional.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Por otro lado, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que la articulación interinstitucional en el marco de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales es determinante para el buen suceso del proceso electoral y envía un mensaje contundente a la sociedad colombiana sobre el compromiso del Estado con la realización de elecciones libres, transparentes e íntegras, así como de disuasión frente a la comisión de delitos electorales.

 “El propósito central no es la persecución indiscriminada, sino la prevención y la pedagogía, para que quienes puedan verse instrumentalizados en prácticas ilegales comprendan la gravedad de esas conductas y el deber que tienen frente a la democracia, como ocurre, por ejemplo, con delitos como la trashumancia electoral”, aseguró.

A su turno, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dio a conocer que la Fiscalía se encuentra desarrollando el mapa de riesgo electoral, basado en la integración de información proveniente de distintas fuentes, con el fin de contar con una herramienta que permita identificar factores de riesgo para las elecciones.

Adicionalmente, para el día de las elecciones, anunció la instalación de puntos de recepción de denuncias en los territorios con mayor riesgo y la habilitación no solo de canales presenciales sino virtuales para facilitar la denuncia ciudadana. De igual manera, socializó una estrategia transitoria de investigación y judicialización de delitos electorales, que contempla la atención prioritaria de denuncias, la coordinación con los puestos de mando unificados y las mesas de justicia, así como el seguimiento a reportes de transparencia electoral y la articulación con instituciones de seguimiento y vigilancia.

El Registrador Nacional sostuvo que “el mapa de riesgo presentado por la Fiscalía General de la Nación constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la Registraduría, pues permitirá focalizar acciones, ubicar estratégicamente puestos y mesas de votación, fortalecer la coordinación con la Fuerza Pública, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, y concentrar esfuerzos en los territorios más vulnerables”.

En materia de seguridad electoral, el Registrador Nacional afirmó que es necesario actuar con equilibrio: “no subestimar los riesgos, porque es indispensable proteger el voto libre y la participación ciudadana, pero tampoco sobreestimarlos, ya que ello podría enviar un mensaje equivocado de fragilidad institucional y alimentar narrativas que buscan deslegitimar o suspender los procesos electorales”, dijo.