Cinco años cumple la intervención de la empresa Essmar por parte de la Superservicios y no llegaron las soluciones a la crisis por el desabastecimiento del preciado líquido

Cinco años de intervención de la Essmar por parte de la Superservicios y cero soluciones. En esos 60 meses, 10 agentes interventores ha tenido la entidad. Nueve de ellos fracasaron, pero contribuyeron al robo y saqueo de la entidad.

Según el alcalde Carlos Pinedo Cuello, la prioridad es recuperar el control de la empresa y garantizar que los ciudadanos tengan acceso al servicio básico con eficiencia y sostenibilidad.

Sin embargo, después de más de cinco años de fallida gestión interventora con 10  agentes a su paso, los problemas persisten.

SUPERSERVICIOS: IRRESPONSABILIDAD Y NEGLIGENCIA

Está claro entonces que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fracasó en Santa Marta. Y no fue un error menor, ni un tropiezo técnico, ni una contingencia heredada: fue una irresponsabilidad de Estado sostenida durante más de cuatro años.

Intervenir Essmar debía ser una medida excepcional. Hoy es un castigo prolongado, una muestra clara de cómo el poder central puede jugar con la vida cotidiana de una ciudad sin asumir consecuencias. Cinco años. Diez agentes interventores. Cero resultados estructurales.

Ese es el balance real, desnudo y contundente.

Mientras la Superservicios rotaba interventores como si fueran fichas desechables, Santa Marta se quedaba sin agua, respiraba aguas negras y veía cómo la crisis se normalizaba desde los escritorios del centro del país. La intervención no corrigió el rumbo: lo torció aún más.

Hoy la evidencia es irrefutable: el servicio de acueducto es deficiente, el alcantarillado sigue colapsado, la empresa está financieramente débil

y la confianza ciudadana en ruinas.

¿Quién responde por eso?

La Superservicios no puede seguir escondiéndose detrás de comunicados técnicos ni fingiendo que el problema es eterno y ajeno. La intervención fue suya. Las decisiones fueron suyas. Los agentes interventores los puso ella. El desastre también es suyo.

Peor aún: cuando la intervención ya mostraba signos claros de agotamiento, la respuesta fue más improvisación. Eso no es control. Eso no es vigilancia. Eso es desorden institucional.

El Gobierno Nacional debe entender algo elemental: el agua no admite ensayos. No es un piloto administrativo ni una apuesta burocrática. Es un derecho fundamental, y en Santa Marta ha sido vulnerado sistemáticamente bajo la mirada complaciente de la Superservicios.

Persistir en la intervención, después de cuatro años de fracaso probado, ya no es negligencia: es terquedad peligrosa. Es desconocer la realidad del territorio. Es insistir en una fórmula que no funcionó y que solo profundizó la crisis.

SANTA MARTA EXIGE RESPETO

Santa Marta no pide favores. Exige respeto.

Respeto por su gente, que paga recibos caros por un servicio miserable. Respeto por sus barrios, donde el agua llega cuando quiere.

Respeto por una ciudad turística que no puede seguir oliendo a alcantarilla abierta.

La Superservicios debe asumir su derrota con dignidad institucional: terminar la intervención, rendir cuentas claras y permitir que se construya una salida distinta, con control ciudadano, acompañamiento técnico real y decisiones tomadas de cara a la ciudad, no desde la distancia cómoda del centralismo.

Seguir como vamos es jugar con la salud pública, la economía y la paciencia social de Santa Marta.

Y eso, en cualquier democracia seria, es inaceptable. Aquí no falló la ciudad.

Falló quien prometió salvarla y la dejó peor.

DESDE EL CONCEJO

Para Jaime Brito Linero, concejal de la ciudad, la situación refleja un fracaso administrativo: “No podemos seguir soportando una intervención interminable que solo ha generado improvisación, retrasos y frustración. Cada nuevo agente interventor llega y se va, mientras los barrios continúan sin agua y con alcantarillado colapsado. Santa Marta merece soluciones reales, no más excusas ni burocracia”, anotó

Hay quienes son de la opinión que devolver la Essmar al Distrito sin cambios estructurales sería insuficiente. Juan Carlos Esmeral Ternera advirtió que “es inadmisible que después de más de cinco años de intervención sigamos viendo rebosamientos, barrios sin agua y un servicio deficiente. La Superservicios ha demostrado incapacidad para cumplir con los fines liquidatorios. Por eso insisto: la única salida sensata es liquidar la Essmar y crear un esquema de prestación que garantice el derecho al agua de todos los samarios”.

Anselmo Gual De la Hoz, otro concejal de la ciudad, agregó que la deuda acumulada y los problemas administrativos de la empresa no permiten soluciones parciales: “La empresa lleva años acumulando problemas y deudas, y mientras la intervención no cumpla su objetivo liquidatorio, la ciudad seguirá pagando las consecuencias de decisiones equivocadas. Santa Marta necesita que la Essmar se liquide y se reconstruya desde cero, con transparencia, planeación técnica y responsabilidad real, no parches ni experimentos administrativos que solo profundizan la crisis”, explicó.

En el mismo sentido, Juan Carlos Palacio Salas señaló que “esta es la tragedia que venimos denunciando: cinco años de intervención fallida, diez agentes interventores y ninguna solución real para los samarios. Es hora de acabar con este fortín que solo ha generado deuda, caos y sufrimiento. La Essmar debe regresar al Distrito y la Superintendencia asumir de inmediato su responsabilidad mediante el Fondo Empresarial, para que finalmente se garantice agua y saneamiento digno a la ciudad”.

Por su parte, Oswaldo Socarrás Vives insistió en la necesidad de recuperar el control del Distrito: “La intervención ha sido un fracaso, los samarios siguen pagando las consecuencias y no hay razón para mantener a la Essmar fuera del control del Distrito. Lo mejor es liquidarla administrativamente si es necesario, sanear sus activos y devolverla a quienes realmente la necesitan: la gente de Santa Marta. Es momento de poner fin a la improvisación y recuperar la empresa para la ciudad”, sostuvo.

El debate sobre la Essmar refleja no solo la urgencia de garantizar el derecho al agua, sino también la necesidad de decisiones técnicas, transparentes y sostenibles que permitan superar años de mala gestión y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.