El aumento de los hechos de inseguridad volvió a encender las alarmas en Ciénaga y fue tema central en la más reciente sesión del Concejo Municipal, donde los cabildantes expresaron su preocupación por la situación de orden público que atraviesa este municipio, considerado estratégico para el departamento del Magdalena.

Durante el debate, varios concejales señalaron que en el último mes del año anterior y a comienzos de 2026 se había percibido una relativa tranquilidad, reflejada en una disminución temporal de algunos indicadores de criminalidad. No obstante, advirtieron que en las últimas semanas se ha evidenciado un repunte de las extorsiones y los atracos en distintos sectores del municipio, generando nuevamente temor entre la comunidad.

Uno de los hechos que mayor rechazo causó entre los concejales y la ciudadanía fue el atentado contra la concejal del Partido Ecologista Colombiano, Giselle Joan Lafaurie Fernández, cuya residencia fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Este episodio fue citado como una muestra de la gravedad de la situación y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer la seguridad.

Ante este panorama, el Concejo aprobó la proposición presentada por la concejal del Partido Alianza Verde, Sindy Mateus Gómez, mediante la cual se convocó a una sesión especial de control político, de carácter reservado, con el objetivo de analizar a fondo la problemática. A esta sesión fueron citadas diversas autoridades, entre ellas el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, delegados del Ejército Nacional, la Fiscalía Seccional y la Gobernación del Magdalena, así como el secretario de Gobierno municipal, el personero, el defensor del Pueblo y el comandante del Gaula.

“Se trata de conocer un diagnóstico real de lo que está sucediendo en el municipio y, una vez finalizada la sesión, informar a la comunidad mediante un pronunciamiento institucional general que comprometa acciones concretas en materia de seguridad”, explicó la concejal Sindy Mateus Gómez.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, logrando consenso entre todos los miembros de la corporación, incluidos los concejales José Noguera Habeych y Carlos Padilla Peña, quienes en sesiones anteriores habían sostenido posturas encontradas y discusiones por distintos temas tratados en la plenaria.