El Ejército colombiano aseguró que el pago de recompensas por información sobre miembros de organizaciones ilegales se está haciendo de acuerdo con la ley, en respuesta a un informe de la revista Semana, que asegura que oficiales de la institución se están quedando con recursos de la institución, aprovechando que se trata de gastos reservados, que tienen poco control por parte del Estado.

"En razón a los hechos relacionados con las presuntas irregularidades respecto del uso indebido y destinación de los recursos de gastos reservados, pago de recompensas y elaboración de informes de inteligencia derivados de operaciones militares, previa verificación de las autoridades competentes y de control interno de la institución, se pudo corroborar el absoluto cumplimiento de la normatividad vigente y apego a las directrices y lineamientos institucionales, respetando en todo momento los principios de legalidad, legitimidad y transparencia", aseguró el Ejército en un comunicado.

Según Semana, esta operación ilegal quedó al descubierto con la muerte de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, un hombre de confianza de Iván Mordisco.

Tres oficiales que participaron en la operación habrían aprovechado que el informante que contribuyó a la muerte de Paisa Duber había sido descubierto por las disidencias, torturado y asesinado, para quedarse con la recompensa de 100 millones de pesos que se habría destinado al pago de ese informante.

Sobre este caso, el Ejército respondió que no se ha hecho hasta el momento el pago de ninguna recompensa aunque reconoció que se encuentra en trámite, mientras se cumplen todos los procedimientos legales establecidos para el pago.

Señaló que las presuntas irregularidades denunciadas por Semana ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y se adelantan las investigaciones correspondientes.

La institución aseguró que ha brindado el apoyo necesario para que las autoridades tengan acceso a la información que se requiere sobre la recompensa solicitada.

Además, señaló que cada unidad militar comprometida en los hechos ordenó la apertura de una investigación administrativa para constatar la información y que se han dado instrucciones para garantizar que cualquier uniformado que tenga información sobre posibles irregularidades la ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes, sin temor a represalias.