A 36 meses de prisión fue condenado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, por las amenazas lanzadas contra una fiscal

Un juez penal de conocimiento condenó este miércoles a 36 meses de prisión a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, por las amenazas lanzadas contra una fiscal, decisión que se produce poco más de una semana después de que el Gobierno Nacional suspendiera su traslado a Barranquilla en medio de una fuerte disputa política con la administración local.

El cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’ aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El fallo ordenó también el pago de una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes, tras demostrarse que las intimidaciones buscaban frenar la investigación penal que la funcionaria adelantaba contra la pareja sentimental del procesado.

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando Martínez Gutiérrez grabó un video desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander). En el material audiovisual, el condenado amenazó de muerte a la fiscal y exigió la liberación de su esposa bajo la advertencia de atentar contra la vida de la funcionaria judicial.

La condena contra alias ‘El Negro Ober’ llega en un momento de tensión administrativa, luego de que el pasado 12 de enero el Ministerio de Justicia frenara la orden de trasladar a este y otros jefes criminales a centros de reclusión en Barranquilla.

El ministro Andrés Idárraga suspendió el operativo que incluía a alias ‘Castor’ y Digno Palomino, tras cuestionar la gestión de seguridad del alcalde Alejandro Char.

En dicha controversia, Idárraga confrontó a la administración distrital sobre el manejo de los recursos y preguntó por el destino de los recaudos tributarios. "Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años", sentenció el funcionario hace nueve días, al exigir explicaciones sobre el uso de 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad.

El alcalde Char había calificado previamente de "increíble" la intención de mover a los líderes de las bandas a cárceles locales que, según advirtió, "no cuentan con condiciones de seguridad". El mandatario local responsabilizó al Ejecutivo del "mal manejo de la llamada Paz Urbana" ante la proximidad del Carnaval y defendió que su administración invirtió más de 150.000 millones de pesos en el sector.

El traslado, que permanece en suspenso, había sido solicitado por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el objetivo de sostener la tregua vigente entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ que venció el pasado 20 de enero. El Ministerio de Justicia reiteró durante la crisis que el cese de hostilidades "no es un cheque en blanco" y condicionó cualquier movimiento futuro a una articulación clara entre el Inpec y las autoridades locales.